La defensa de Cristina volvió a pedir el apartamiento de los jueces Hornos y Borinsky

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a pedir el pasado miércoles el apartamiento de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky para que no intervengan en la revisión de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió en el juicio de la causa Vialidad.

“Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes intervinieron como magistrados de alzada en este proceso y prácticamente en todos los expedientes impulsados en contra de nuestra representada a partir de diciembre de 2015, visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien, según se dijo, practicaban actividades sociales”, señalaron en la presentación los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en relación a los jueces Hornos y Borinsky, que integran la sala cuarta del máximo tribunal penal.

La defensa de la vicepresidenta ya había recusado a estos magistrados porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente.

Este nuevo pedido se suma al expresado el 10 de mayo pasado, el cual fue rechazado por el tribunal, y en el mismo fallo aceptaron la excusación de su colega Javier Carbajo, quien había planteado que debía apartarse porque ya había adelantado opinión sobre el caso.

De quedar firme esta resolución, los jueces Hornos y Borinsky integrarían el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez, mientras que deberá ser sorteado un ­tercer juez antes de que se convoque a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron aquel fallo.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio a conocer en marzo los fundamentos de las condenas impuestas a Fernández de Kirchner, Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y otros funcionarios por el delito de fraude a la administración pública, lo que fue apelado por las defensas y también recurrido por el fiscal Diego Luciani, quien se opuso a la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.