“La Gestapo no ha quedado desarticulada del todo”

En el día de ayer la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitió un comunicado en medio de la polémica por el método de reconocimiento facial de prófugos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, según determinó la Justicia, fue suspendido por haber sido utilizado para espionaje ilegal.

“Una vez más la ilegalidad es la regla en un gobierno de Juntos por el Cambio, en este caso en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA”, indica el escrito difundido este jueves.

Mariana Lamorgia, Ramiro Gerber y Enrique Rocatti firmaron el documento en el cual denuncian hechos “gravísimos” que se dieron en distintos ámbitos y que involucran a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

El primero hace referencia al “tatuado de niños con logos y propaganda del gobierno de la Ciudad en una escuela”, lo cual fue denunciado este miércoles por familias y docentes de un jardín de infantes de Mataderos.

“En segundo lugar, otro ministro de Larreta, el de Seguridad, Marcelo D´Alesandro accedió de manera ilegal a datos que comprometen la seguridad y la intimidad de distintos opositores al signo del PRO, incluyendo funcionarios públicos, entre ellos el señor Presidente y la señora vicepresidenta de la Nación”, explica el documento.

Luego de exponer estos hechos, la APDH denunció que “tal parece que la Gestapo no ha quedado desarticulada del todo y que desde lo institucional el PRO sigue ejerciendo la persecución, el hostigamiento y la violación de los derechos de opositores políticos en la Ciudad de Buenos Aires”. Por último, denunciaron “la represión ejercida días pasados por la Policía de la CABA a los manifestantes en el Incaa, que culminara con la detención indebida y arbitraria de un estudiante de cine”.

Para los dirigentes de la APDH, “cada uno de estos actos atenta contra los principios de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos, y como APDH-CABA queremos hacer propio nuestro más enérgico repudio. Es de esta manera como Juntos por el Cambio (JxC) y Rodríguez Larreta ejecutan y ejercen el control social en la CABA: tatuando y violentando los derechos de los niños, reprimiendo a estudiantes, y espiando a referentes políticos y sociales opositores”.

“Una afrenta a la República”

En el final del escrito, la organización advirtió que la administración de Larreta “utiliza al Estado para la ilegalidad” y que además “trata de justificar prácticas que se ejecutaban en las épocas más oscuras de la historia de la humanidad y de nuestro país”.

“Toda una afrenta a la República, a las instituciones y a la democracia que tanto nos costó reconquistar en la Argentina”, concluye.

Tal como lo publicó diario Hoy, esta semana, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

Esta decisión la tomó el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.