Se reabre la investigación en el caso Julio "Chocolate" Rigau
Se anuló la resolución de la Cámara Penal de La Plata.
Se trata de la medida que el expresidente lanzó por DNU pese a que el Congreso lo había rechazado.
13/10/2023 - 00:00hs
En la jornada del jueves, la Justicia tomó una importante decisión que sifinificó un duro revés para el expresidente Mauricio Macri. Se trata de la anulación de cuatro artículos del decreto que habilitaba el acceso al blanqueo de activos en el marco del llamado “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios públicos.
Según se pudo saber tras la resolución, la decisión se dio luego de que el juez hiciera lugar a una demanda de la organización Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Civil La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti.
En la sentencia, el magistrado de primera instancia sostuvo que la firma de ese decreto significó “a extensión de un beneficio a un caso no previsto oportunamente en la ley”.
Ello implicó la inclusión en el beneficio “de un grupo de sujetos (cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a- al w-) del artículo 82 expresamente excluidos en el artículo 83 de la ley”.
Además, el mencionado decreto 1206/06 llevó la ampliación del beneficio del blanqueo de capitales previsto en la ley a “situaciones no previstas” y a la “inclusión de sujetos originalmente excluidos”.
“Bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260, generándose en consecuencia un exceso en la reglamentación de la ley”, concluyó el juez.
El inicio de la polémica
Todo lo relacionado con este caso tiene su comienzo en el mes de junio del año 2016, cuando el Congreso convirtió en ley el sinceramiento fiscal, un régimen de blanqueo de capitales impulsado por Cambiemos con la finalidad de que los contribuyentes sinceren su situación fiscal a un costo económico bajo y sin penalidades. Así se preveía también el ingreso de dólares al país.
Poco tiempo más tarde, la ley dejó afuera a los familiares y así el Ejecutivo, encabezado por Macri, emitió un decreto donde estableció la incorporación de familiares de funcionarios a las personas pasibles de acceder al beneficio, entre otras modificaciones.
De inmediato, la polémica estalló, y así se impulsaron las denuncias y demandas que fueron mencionadas anteriormente.
Al respecto, luego de conocerse el fallo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, manifestó a través de la red social X: “La Justicia anuló el decreto dictado por Macri que les permitió blanquear capitales a los familiares de funcionarios públicos” y agregó que el juez Cormick “anuló los artículos de la norma dictada por el expresidente que ampliaba los alcances de una ley a situaciones no previstas originariamente por los legisladores”.
En tanto, quien también habló sobre esto fue el dirigente Felipe Solá, quien recordó que dicha normativa fue una “ley ómnibus”, que tuvo “una enorme cantidad de temas insertos y que tuvo una mayoría amplia que decretaba, entre otras cosas, un blanqueo para la gente común, pero no para ningún tipo de funcionario público de ninguno de los tres poderes”.
Los tiempos de la Justicia
Criticando la demora en esta resolución, el ministro de Justicia, Martín Soria, cuestionó los tiempos en el tratamiento judicial de causas que involucran al expresidente Mauricio Macri. Al respecto, el funcionario dijo: “Siete años demoró la Justicia para anular el decreto de (Mauricio) Macri que beneficia a su familia ¿Cuánto más evitará (jueza María Eugenia) Capuchetti investigar la criminal deuda de Macri con el FMI o (juez Alejandro) Catania el contrabando de armas para el Golpe en Bolivia?”, dijo vía X.
Asimismo, argumentó que “por eso la oposición se niega a reformar la justicia”.
Vale recordar que, hace unas horas, el exmandatario también se vio envuelto en otro escándalo, cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que durante el gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) se vendieron bienes del Estado “por debajo del valor del mercado”.
Dicho organismo también advirtió que esa administración tampoco “destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social”.
Según concluyó la AGN en su informe, durante dicha gestión “se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares” y que la ciudad de Buenos Aires “concentró el 77,2% de las operaciones”.
La presentación de la AFIP
Luego del fallo, se conoció que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) trabaja para presentar el próximo martes la lista de los contribuyentes que fueron beneficiados por el decreto de Macri.
Cabe recordar que la AFIP había presentado anteriormente un escrito en donde se anticipaba que, en caso de impugnarse el decreto, quedaría habilitada a exigirles a los contribuyentes involucrados que abonen todos los impuestos adeudados, entre ellos Ganancias, IVA y Bienes Personales.