La Justicia avanzó en la causa contra Adorni

Mientras sucedía la presentación de Manuel Adorni en Diputados, el fiscal federal a cargo de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete dispuso una medida clave: solicitó la intervención de un órgano técnico especializado de la Procuración General de la Nación para que realice un análisis financiero y patrimonial integral.

En concreto, Gerardo Pollicita dio intervención Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Según surge de la presentación, el objetivo es “determinar si hay inconsistencias” entre los ingresos declarados por el funcionario y los bienes que integran su patrimonio, informaron fuentes judiciales. La medida apunta a reconstruir la evolución económica de Adorni a lo largo del tiempo, mediante el cruce de información fiscal, bancaria y registral.

En este sentido, el fiscal federal requirió la colaboración de expertos en materia contable y financiera para examinar documentación vinculada a movimientos de dinero, adquisición de bienes y posibles variaciones patrimoniales no justificadas. “Resulta necesario contar con un análisis técnico que permita evaluar la correspondencia entre los ingresos y los activos”, se indicó en el dictamen.

La intervención del organismo especializado, dependiente del Ministerio Público, busca dotar de mayor precisión a la investigación, en una etapa en la que se intenta consolidar evidencia sobre la situación económica del jefe de Gabinete.

Fuentes judiciales señalaron a Ámbito Financiero que el informe que surja de este análisis podría ser determinante para definir los próximos pasos del expediente, ya sea para profundizar la pesquisa o descartar irregularidades.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa preliminar, con foco en la trazabilidad de los fondos y el análisis de las declaraciones patrimoniales.

Cabe recordar que la investigación se inscribe en una serie de actuaciones orientadas a verificar posibles desajustes entre ingresos y bienes de funcionarios públicos, bajo estándares de transparencia y control que, según remarcan en el ámbito judicial, “exigen una revisión exhaustiva y técnica de la información disponible”.