Cada vez más jubilados están obligados a trabajar
La tasa de actividad de los adultos mayores llegó a su pico máximo desde que asumió Milei: el 16,6% trabajan o buscan trabajo.
Un fallo clave detuvo el intento del Gobierno libertario de recortar por decreto el derecho a huelga de los trabajadores.
03/06/2025 - 00:00hs
El intento del Presidente Javier Milei por restringir el derecho constitucional a huelga recibió un fuerte revés judicial. La jueza laboral Moira Fullana suspendió los artículos centrales del DNU 340/2025, que buscaban limitar severamente las medidas de fuerza sindicales. La decisión, impulsada por un amparo de la CGT, vuelve a mostrar los límites que el Gobierno nacional enfrenta cada vez que intenta avanzar por fuera del marco institucional.
La medida cautelar dictada por Moira Fullana frena los artículos 2 y 3 del decreto, al considerar que una reforma de esa magnitud “no puede realizarse por decreto de necesidad y urgencia”. Según la magistrada, modificar el régimen legal de huelga requiere un debate legislativo, como establece la Constitución Nacional. De esta forma, la resolución dictada por la Justicia, mantiene vigente la legislación actual hasta que haya una sentencia definitiva.
Un DNU que atenta contra derechos
Desde su publicación, el DNU 340/2025 fue cuestionado por la CGT y diversos sectores del derecho laboral por avanzar sobre derechos garantizados por el artículo 14 bis y tratados internacionales que tienen rango constitucional. Lejos de tener como fin una modernización del Estado, la reforma que impulsa el oficialismo intenta disciplinar a los sindicatos, debilitar su capacidad de acción y recortar los derechos de los trabajadores.
En esa línea, el escrito presentado por la central obrera ante la Justicia advirtió que el DNU invade funciones propias del Congreso y pone en riesgo la libertad sindical y la negociación colectiva. Para la CGT, el fallo representa “un triunfo de la democracia” que reafirma el compromiso de seguir defendiendo los derechos laborales en la Justicia y en la calle.
Por su parte, el oficialismo no realizó comentarios tras la decisión judicial, aunque no se descarta una apelación. El silencio del Gobierno refleja su incomodidad ante un Poder Judicial que, en este caso, puso un freno a su impulso autoritario. Cabe mencionar que no es la primera vez que la administración de Milei busca avanzar por decreto en temas que requieren discusión parlamentaria.
El fallo de Fullana llega en un contexto de creciente tensión social. Las centrales obreras han impulsado paros y movilizaciones en rechazo al ajuste fiscal, la desregulación económica y la ofensiva contra los convenios colectivos. Ante estos reclamos, el Gobierno parece decidido a enfrentar a los sindicatos como enemigos internos, deslegitimando cualquier forma de protesta.
Sin embargo, esta resolución judicial demuestra que todavía existen contrapesos institucionales que pueden frenar el avasallamiento de derechos. La Justicia actuó ante una avanzada que pretendía redefinir la relación entre empleadores y trabajadores sin debate, sin ley y sin diálogo.
Con este escenario, el rol del sindicalismo cobra renovada importancia. Si bien el conflicto por el derecho a huelga no ha terminado, este fallo marca un límite claro para el Gobierno libertario: no todo puede resolverse por decreto.