La Ley de Bases ahora en manos del Senado

La iniciativa ingresaría por Mesa de Entradas entre hoy y mañana. De este modo, se acotan los tiempos para tratarlo en el recinto antes de la fecha prevista para la firma del Pacto de Mayo que pretende cerrar el Presidente Javier Milei.

Política

02/05/2024 - 00:00hs

La recientemente sancionada Ley de Bases por la Cámara de Diputados de­berá afrontar ahora el veredicto del Senado que tendrá un tiempo acotado de dos semanas para aprobarla, si es que se pretenden cumplir los plazos fijados por el Presidente Javier Milei de celebrar el Pacto de Mayo el 25 de ese mes en Córdoba.

La reunión entre la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con Karina Milei, poco tiempo después de concluida la sesión en Diputados, habla a las claras de las expectativas que tiene el Gobierno con lo que pueda pasar en el recinto.

Las modificaciones en el artículo sobre el impuesto al tabaco hará que el texto final que se elevará a la Cámara alta deba ser modificado, por lo que se especula que la iniciativa podría ingresar por mesa de entradas, entre hoy y mañana, quedando pendiente incluso el giro a comisiones.

En el mejor de los escenarios, podría emitirse dictamen la próxima semana para esperar que transcurran los 7 días reglamentarios antes de someter el proyecto a votación en el recinto.

De acuerdo con el calendario, la Casa Rosada tendrá dos semanas para debatir, emitir dictamen y esperar que transcurran los 7 días reglamentarios antes de votar en el Senado y, después, poder cumplir con la convocatoria formulada por Milei a los gobernadores, a los jefes de los partidos políticos, a empresarios y sindicalistas de debatir en Córdoba un nuevo esquema de coparticipación federal y suscribir un documento de 10 puntos bajo el rótulo de Pacto de Mayo.

Se descuenta que Victoria Villarruel repetirá el esquema utilizado en Diputados, de proceder al giro acotado a solo tres comisiones, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

En el Gobierno esperan que los gobernadores apoyen la realización de un debate exprés y no introduzcan modificaciones al texto sancionado en Diputados. Una modificación al proyecto haría que deba regresar a la Cámara baja y allí sí, ya sería imposible cumplir con los plazos anunciados por el Presidente.

Algunos de los puntos más relevantes en la “Ley de Bases”

*Facultades delegadas: de las once emergencias reclamadas originalmente, la Casa Rosada pretende ahora cuatro autorizaciones del Senado: administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

*Privatizaciones: de las más de 40 empresas sujetas a privatización, el Gobierno redujo sustancialmente este número y las limitó a nueve. Se incluyen Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo. En tanto, se propone que sean privatizadas de manera parcial las empresas AySA; Correo Argentino; Belgrano Cargas; Ferrocarriles (Sofse) y Corredores Viales. El oficialismo debió dar marcha atrás en privatizar el Banco Nación y a las firmas subsidiarias, entre ellas Nación Seguros.

*Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI): solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones.

*Moratoria previsional: los legisladores amigos colaron un régimen de Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de los 30 años de aporte. Fue una demanda opositora ante la decisión del oficialismo de eliminar las moratorias previsionales.

El capítulo laboral

*Período de prueba: si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las pymes. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de seis y hasta cien trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados.

*Fondo de cese laboral (al estilo Uocra): este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8 % del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral.

*Discriminación: se estipula un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.

*Simplificación registral: establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados.

El paquete fiscal

*Impuesto a las Ganancias: el proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. Habrá una actualización trimestral este año (sería en setiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.

*Blanqueo de capitales: el proyecto establece que los activos por hasta los US$100.000 tendrán una alícuota del 0 %, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen.

*Bienes Personales: se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $11 a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 a $350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el Indec.

*Monotributo: el proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación —con un tope máximo de $68 millones anuales— como la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300 %, según la categoría.

*Moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas: permitirá pagar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70 % de los intereses por saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.

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