La OEA despidió al exfiscal Luis Moreno Ocampo

Luego de denuncias internacionales que lo vinculaban a hechos de corrupción y participaciones en paraísos fiscales, el organismo internacional decidió apartar al abogado argentino. Integraba la Corte que investiga si se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, no seguirá a cargo de las audiencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que analiza si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Así lo confirmaron ayer fuentes de la OEA, que no explicaron el motivo de la salida del letrado argentino, quien había sido designado en julio pasado por el secretario general de la organización, Luis Almagro, como asesor especial para crímenes de lesa humanidad.

El exfiscal, que tuvo un papel relevante en el juicio a las Juntas Militares argentinas, en 1983, se vio envuelto en las últimas semanas en dos graves denuncias sobre su integridad moral y sus finanzas: por un lado, debido a una importante suma de dinero recibida de un empresario libio vinculado a crímenes de guerra y violaciones a los Derechos Humanos y, por otro, tras revelarse que tendría participaciones en tres cuentas off shore en Panamá.

En un comunicado de prensa, el organismo internacional señaló que “desea agradecer al asesor especial Luis Moreno Ocampo sus contribuciones en el diseño y puesta en marcha del proceso de investigación de la OEA”.

Sin que haya en dicha nota alguna referencia a los motivos que determinaron el apartamiento de su cargo, el documento indica que “el 16 de octubre, el Panel Independiente de Expertos Internacionales asumirá sus responsabilidades y recibirá las presentaciones de víctimas y otros actores relevantes e interesados en las sesiones sobre la situación en Venezuela”.

Moreno Ocampo fue el encargado de entrevistar a los participantes de las dos audiencias públicas sobre Venezuela celebradas en la OEA en septiembre, dedicadas a la sociedad civil y a los militares.

El panel, que proseguirá con el proceso en octubre y noviembre, estará formado por el exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los tres expertos serán los que finalmente emitirán el informe final sobre si hay base para llevar a Venezuela ante la CPI.

Graves acusaciones

El pasado 30 de septiembre, fue publicada una investigación de medios miembros de Colaboraciones Europeas de Investigación (EIC, según su sigla en inglés), a partir de miles de documentos de la Corte Penal Internacional y correos privados de Moreno Ocampo filtrados, que sembraban dudas sobre su trabajo y sus finanzas.

Según se reveló allí, Moreno Ocampo aceptó una oferta del empresario millonario libio Hasán Tatanaki, quien al comenzar la revolución en Libia en 2011 se situó supuestamente del lado del general sublevado Jalifa Hafter.

Aquel año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió a la CPI que investigara posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad en Libia, cuando Moreno Ocampo era aún fiscal jefe de dicha Corte. La sospecha surgió debido a que, cuando el fiscal argentino finalizó esa función, 

Tatanaki lo habría contratado por tres millones de dólares para asesorarlo y “protegerlo de procesos penales”.

Tras conocerse esas informaciones, Moreno Ocampo reconoció haber recibido dinero del magnate libio, pero señaló que solo se trataban de 750.000 dólares e intentó una defensa al considerar que su trabajo fue algo “no solo legal, sino también correcto”.

Asimismo, como parte de la investigación de la red europea de periodismo de investigación, se difundió que “Moreno Ocampo y su mujer tuvieron negocios en paraísos fiscales durante su mandato en el tribunal internacional”.

“Durante los nueve años que duró su mandato, Ocampo tuvo al menos una empresa en un paraíso fiscal”, se indicó en la publicación, señalando que Ocampo y su mujer, Elvira Bulygin, habían tenido participaciones en tres sociedades y en tres paraísos fiscales distintos: Yemana Trading, en las islas Vírgenes Británicas; Tain Bay, en Panamá, y Lucia Enterprises, en Belice. Consultado por la EIC, Moreno Ocampo negó que él o su familia evadieran impuestos.