La Oficina de Atención a Inquilinos lleva cinco años inactiva

Con el mundo en general afectado por la pandemia de Covid-19, y el sector inmobiliario argentino sacudido por la nueva ley de alquileres y los decretos de congelamiento de contratos, sería un excelente momento para que los inquilinos de La Plata tuvieran una oficina municipal que atendiera las innumerables consultas y denuncias que la situación genera. Pero hace cinco años que esa oficina no funciona, y hace cinco años que los representantes de los inquilinos le reclaman al intendente Julio Garro que la reabra.

Se trata de la Oficina Municipal de Atención a Inquilinos y Consorcistas (Omaic), creada por una ordenanza municipal en 2011, y que funcionaba por un convenio entre la comuna y la Asociación Platense de Inquilinos (API). El Municipio brindaba el espacio e insumos necesarios, e integrantes de la API trabajaban ad honorem relevando información y atendiendo las demandas de quienes alquilaban en nuestra ciudad. Pero dejó de funcionar cuando Julio Garro asumió como intendente, en diciembre de 2015, y desde entonces permanece inactiva.

Representantes de la asociación se reunieron con Nelson Marino, secretario de Gobierno municipal, poco después de la asunción de Garro, y el funcionario les dijo que la nueva administración no tenía como política contar con ese tipo de espacios, según dijeron entonces desde la API y también ahora, ante la consulta de diario Hoy.

“Ante la falta de respuesta por parte del Municipio y las condiciones precarias de la Oficina Municipal de Inquilinos, además de la no aplicación plena de las ordenanzas que ayudan a los inquilinos, comunicamos que no se brindará más asesoramiento en ese espacio”, comunicó entonces la API, que hoy sigue ocupándose de la problemática de los inquilinos, pero sin las herramientas que brinda el Estado en términos de infraestructura y llegada a la población.

“Hoy más que nunca es necesario un espacio de ese tipo”, dijo a este multimedio Germán Schierff, presidente de la Asociación.
“Con la nueva ley de alquileres y los decretos de congelamiento de contratos, hay miles de consultas y reclamos. Noso­tros no damos abasto. Un espacio municipal se torna central en este contexto. Hay que entender que el Municipio siempre tiene más llegada territorialmente y posee las herramientas necesarias para atender esta problemática a nivel local”, explicó.

La necesidad de contar con un espacio oficial a nivel municipal (ahora las consultas y denuncias las administra la Defensoría del Pueblo bonaerense, con las obvias diferencias que eso implica en términos de llegada a cada rincón del territorio) se vuelve evidente al repasar los datos recopilados por la API: más del 20% de la población de nuestra ciudad alquila, y dentro del casco urbano la proporción es del 30%; entre quienes consultan a la Asociación, el alquiler de la vivienda representa en promedio un 43% de sus ingresos. Los reclamos más típicos son por falta de respuesta de propietarios e inmobiliarias a problemas edilicios, por los costos de renovación de los contratos y por las expensas.

Justamente el tema de la renovación de contratos es un punto álgido en estas semanas en que rige la prórroga dispuesta por el Gobierno nacional, y los reclamos por abusos e incumplimientos por parte de los propietarios se acumulan.

En octubre último, el concejal Ariel Archanco (Frente de Todos) presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la oficina dedicada a atender a los inquilinos, fundamentado en que esa oficina “tiene que ser una herramienta para quienes alquilan en nuestra ciudad”. Ese pedido de informes aún no fue respondido. “No vamos a parar hasta que exista nuevamente un espacio en nuestro municipio que defienda los derechos de quienes alquilamos en la ciudad”, anunció por entonces la API.

No fue el único reclamo hecho por la Asociación Platense de Inquilinos ante lo que consideran un “vaciamiento” del área.

“Hemos reclamado siempre en diferentes niveles. Incluso lo llevamos hasta la Defensoría del Pueblo de la Provincia, en 2017”, dijo Schierff.

El presidente de la API destacó la importancia de que exista una instancia oficial a nivel municipal para atender esta problemática.

“Creemos que en la relación entre inquilinos y propietarios es el Estado el que debe garantizar los derechos de la parte más débil”, explicó. “Además, el papel básico del Municipio es conocer la realidad de sus ciudadanos, hacer un diagnóstico de los problemas, impulsar políticas locales. Yo puedo apostar a que hoy la Municipalidad no conoce cuántas casas hay en alquiler en la ciudad. Y de las dos ordenanzas que nosotros impulsamos, una para regular las pensiones y otra para combatir la publicidad engañosa por parte de las inmobiliarias, ninguna se cumple”, agregó Schierff.

Diario Hoy consultó a voceros municipales sobre este tema, que confirmaron que durante la gestión de Garro no se designó a ningún director para el área. Al cierre de esta edición no habían explicitado si la Municipa­lidad se propone reabrir la Omaic o dar respuesta de alguna otra manera.