Las cooperativas, una de las cajas negras del municipio

Los entramados oscuros del gobierno de Julio Garro tienen sus ramificaciones por toda la copa del árbol municipal. Entre los lugares en donde la luz no entra se puede observar que la niebla cubre a las cooperativas que dependen de las diferentes áreas del gabinete del municipio. Sobres que van y vienen, contratos falsos, cargos inexistentes y funcionarios oficialistas involucrados en estafas que implican los nombres de 5.000 personas que brindarían servicios en las cooperativas.

De acuerdo a fuentes del caso a las que tuvo acceso diario Hoy, los empleados que trabajan en las cooperativas no serían los 5.000 que están inscriptos, sino mucho menos: solamente habría alrededor de 800 trabajadores que hacen las tareas de limpieza a diario. ¿Qué sucede con el dinero destinado al otro 84%? ¿Quiénes son esas 4.200 personas que figuran como cooperativistas? ¿Saben de su relación de dependencia con el municipio?

El fiscal Marcelo Romero investiga una presunta caja negra de más de $2.000 millones, que varios funcionarios de la Municipalidad de La Plata habrían creado para desviar fondos en beneficio propio, pero que deberían haber sido destinados al pago de sueldos de cooperativas.

Según información a la que accedió este multimedio, a fines de diciembre de 2015 había unos 300 trabajadores en las cooperativas municipales, mientras que el año siguiente –una vez que asumió Julio Garro como nuevo intendente– la cantidad de inscriptos ascendió notablemente a 5.000. Se trata de personas que se dedican a desmalezamiento, poda y limpieza de parques y plazas, quienes hace cuatro años cobraban un sueldo de $4.000 al mes, lo que equivale a 20 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, según información del propio Departamento Ejecutivo, lo que se desembolsó fue un total de $48,6 millones. ¿Dónde fueron a parar los más de $28,6 millones que no tendrían como destino los bolsillos de los trabajadores? Esa discordancia entre lo que declara el municipio en su rendición de cuentas anual y lo que realmente perciben los cooperativistas encendió la alarma entre los ediles de la oposición en el Concejo Deliberante local.

En 2018, la exconcejal oficialista Florencia Rollié presentó una denuncia penal que mostró irregularidades en el manejo de fondos destinados a las cooperativas, detectando sobrefacturación y diferencias abismales entre lo que se le pagaba a cada trabajador y lo que percibía a cambio cada cooperativa.

En la demanda la edil pide que se investigue “la presunta comisión de los delitos de acción pública, fraude en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de funcionario público”, explicitando los supuestos mecanismos utilizados para el desvío de fondos: el sistema de retorno de los cooperativistas a los punteros políticos, y el desvío que se produciría entre el pago real y los millones que se pierden en el medio.

En un informe, Jefatura de Gabinete resaltó que en las mencionadas cooperativas “los controles necesarios de auditoría por parte del municipio son sumamente dificultosos y poco transparentes, tendiendo a su vez a mantener y conformar asociaciones con bases corruptas”. Además, se indica que el personal de las mismas en su mayoría se encontraba en un nivel socioeconómico muy vulnerable, siendo poco calificado para la realización de ciertas tareas.

Los antecedentes

En abril de 2019, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires produjo un informe (expediente n° 4-061.7-2017) sobre el estudio de cuentas del Ejercicio 2017 realizando observaciones que son susceptibles de ser consideradas delitos, sobre las que expresó que las cooperativas de trabajo celebraron acuerdos con la Municipalidad de La Plata para realizar la cobranza por cuenta de terceros.

Según el expediente, era el propio Ejecutivo el que retiraba los correspondientes cheques de la Tesorería Municipal y los depositaba en una cuenta corriente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, los fondos eran extraídos y llevados a la Tesorería por medio de la firma Juncadella S. A. (transportadora de caudales), para que luego los funcionarios municipales efectuaran los pagos en efectivo a los cooperativistas, que se encontraban incluidos en un listado de la Dirección de Cooperativas de la Municipalidad de La Plata, donde se detallaba nombre, apellido, DNI, cooperativa a la que pertenecían e importe a abonar. Esos listados carecían de firma de funcionario municipal o autoridad de la cooperativa competente.

Las evidencias están en manos de la Justicia desde hace dos años y medio, y la causa no muestra avances significativos para encontrar un culpable. Mientras tanto, el dinero que debiera destinarse a dar trabajo a los sectores más desfavorecidos se destinaría a la creación de una caja negra para el municipio, de la que aún se desconoce su destino.

¿Cómo funciona la millonaria caja para desviar fondos públicos?

Ni bien comenzó la gestión de Cambiemos –actual Juntos por el Cambio– a fines de 2015, algunos funcionarios se habrían encargado de conformar una organización para multiplicar la creación de cooperativas y así “impulsar la ­creación de puestos de trabajo” pagándoles un ínfimo sueldo todos los meses.

Sin embargo, información recolectada por distintas fuentes periodísticas darían cuenta de que, en realidad, lejos de ayudar a personas en situación de alta vulnerabilidad, lo que se buscaba era utilizarlas: tomar sus nombres y números de documento para hacerlas simplemente figurar como empleadas de las cooperativas, pero sin recibir ni un peso como contraprestación.

También habría casos de gente que sí está registrada como ­cooperativista, pero tiene que pagarle un canon al puntero político de su barrio.

Pero allí no terminaría este entramado, que involucraría a empleados de la comuna, a punteros políticos e incluso a consejeros escolares. Año a año, la rendición de cuentas que realiza la propia municipalidad habría ido dejando al descubierto, en promedio, un faltante de $500 millones por año, hasta llegar a la escandalosa cifra de $2.085,2 millones en los últimos cuatro años.

Según lo explicado anteriormente, habría diferencias abismales entre lo que se le paga a cada trabajador y lo que realmente percibía a cambio cada cooperativa. El tema generó inquietud en el ambiente político local, cuando la edil radical Florencia Rollié realizó una denuncia penal para que se investigara una posible asociación conformada para desviar ­fondos en beneficio de varios funcionarios del oficialismo.

¿Cómo es posible semejante maniobra? Fuentes del caso le confirmaron a diario Hoy que la mecánica delictiva no sería posible sin la intervención de los altos mandos de la actual gestión municipal. Entre quienes figuran como apoderados de no menos de cinco cooperativas aparecen los nombres de Liliana Lucha y Mauro Petrone.

Ambos forman parte del círculo cercano del intendente. Lucha sería la persona de confianza de Nelson Marino, el “2 de Garro”, y uno de los que se perfilan como cabeza de lista para las elecciones legislativas provinciales de 2021. A su lado estaría Julieta Quinteros, pareja de Petrone, ex secretaria privada del Ejecutivo municipal en el período 2016-2019, y actual secretaria de Desarrollo de la Comunidad.

Mauro Nicolás Petrone es empleado municipal, apoderado, representante y, además, sería firmante de cheques de –por lo menos– cinco ­cooperativas distintas. Asimismo, Petrone se encuentra en pareja con Julieta Quintero, quien se desempeñaba como secretaria privada del intendente y, desde diciembre de 2017, es concejal del bloque Juntos por el Cambio. Ese vínculo contribuyó a generar aun más sospechas en el ambiente municipal y judicial.

Pero eso no es todo. Petrone respondería al actual concejal y secretario de Gobierno, Nelson Marino, una persona de extrema confianza del intendente Garro. Entre los implicados también aparece el nombre del consejero escolar Pablo Bolino y otros seis empleados de menor rango.

Según fuentes del caso, ellos conformarían una organización delictiva operando tanto dentro del Estado municipal como de entidades privadas (cooperativas). En ellas existirían autoridades que definen las acciones, firman contratos y efectúan y perciben los pagos que son millonarios e imposibles de justificar, si se tiene en cuenta que habría solo 800 trabajadores de cooperativas con sueldos ínfimos.

Además, varios lugares declarados por la municipalidad –donde deberían estar funcionando las cooperativas– en realidad son fachadas, ya que en algunos casos ni siquiera hay construcciones, sino terrenos baldíos.