En el marco del juicio oral que se sigue contra el hermano del exintendente Pablo Bruera y otros ex funcionarios municipales de La Plata, los dichos del propio denunciante y de la instructora de la causa durante las dos primeras jornadas no lo relacionan con ninguno de los delitos investigados. Se refuerza la hipótesis de la persecución política.
19/02/2023 - 00:00hs
El juicio oral contra Mariano Bruera y otros exfuncionarios municipales de La Plata en la causa denominada “Coimas en el plan Procrear” completó esta semanas dos jornadas intensas y reveladoras. En ese marco, las declaraciones del propio denunciante y de la instructora del juicio dejan desvinculada totalmente de la causa a la figura del hermano del exintendente Pablo Bruera.
La causa se inició por la denuncia del abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan Procrear.
Junto a Bruera son juzgados el exsecretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; y el empresario
Gustavo Orlandi, todos acusados de asociación ilícita y cohecho. El otro acusado, el arquitecto Raúl Moratti, falleció en 2018 sin ser juzgado. En esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado los exempleados municipales Christian Ybarra y Roberto Moreno.
El empresario Andreau, durante su declaración como testigo, no mencionó nunca a los acusados en el juicio pero sí cuestionó la presunta corrupción en la ciudad y apuntó contra el actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y contra exconcejales del PRO y del Frente para la Victoria. Asimismo, criticó el accionar judicial. No obstante, lo más significativo fue que ninguno de los que quisieron “coimearlo” hizo referencia a que trabajaran o le invocaran el nombre de Mariano Bruera.
En segundo turno declaró Julia Martínez, quien fuera la instructora de la causa. Ella corroboró que ninguno de los terrenos investigados por coimas fue rezonificado. Asimismo se le preguntó si existía alguna prueba directa (ya sea escucha, testigo, filmación o cualquier otro medio) respecto de que Mariano Bruera hablara concretamente o supiera de las maniobras de los hechos investigados por rezonificaciones. Martínez lo negó terminantemente.
Al momento de ser consultada sobre qué hechos existieron para hacer cambiar de parecer al Ministerio Público y a los magistrados desde la denuncia del 2014 (cuando ni el fiscal ni el juez entendieron que Mariano Bruera debía ser detenido) con respecto a 2016 (con cambio de gobierno de por medio, cuando lo detuvieron), Martínez declaró que “las mismas llamadas del 2014”. Es decir, ninguna otra prueba.
Por otro lado, cabe señalar que en estos dos primeros días de audiencia la fiscal intentó introducir como prueba la sentencia de los condenados en juicio abreviado, lo cual sería ilegal por el artículo 363 del Código Procesal y por lo tanto fue rechazado por el tribunal. Asimismo, el tribunal rechazó las nulidades presentadas por persecución política “porque la causa por espionaje donde la familia Bruera fue víctima y querellante no tiene sentencia y se encuentra en trámite”.
Sin embargo, un dato no menor es que hay una denuncia directa por la posible intervención ilegal de teléfonos que está pendiente en el transcurso del juicio.
La vigencia de la “GestaPRO”
En paralelo al inicio del juicio oral contra Mariano Bruera, este medio dio cuenta de una conferencia de prensa encabezada por el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, donde se denunció un nuevo ataque de la “GestaPRO” en la provincia de Buenos Aires. Allí advirtieron sobre “un juicio contra Mariano Bruera y dos ex funcionarios municipales a los que se pretende involucrar en una causa en la que nada tienen que ver”. Además apuntaron: “Paralelamente, la Justicia Federal de Comodoro PRO tramita la causa en la que está comprobado que servicios de inteligencia que espiaban ilegalmente al exintendente Pablo Bruera sugieren al gobierno provincial de María Eugenia Vidal que el objetivo es Mariano Bruera. Por esa causa federal están imputadas más de 10 personas, pero parece que la Justicia provincial no lo tiene en cuenta”.
En declaraciones a diario Hoy, el exconcejal Gabriel Bruera remarcó: “Hay un hecho aberrante de la Justicia provincial en virtud del que se lo vuelve a convocar a Mariano Bruera en un juicio que lleva cinco o seis años, y se quiere realizar cada vez que hay elecciones a intendente, llamativamente”.
“El juicio debía hacerse en 2019 y, por razones que nos exceden, se suspendió poco antes de las elecciones de aquel año, y se vuelve a convocar ahora. Hago esta vinculación porque en el medio nos enteramos que nuestra familia era perseguida por una mafia nacional y provincial, una mafia de sectores políticos, judiciales y de espías donde el objetivo era Mariano Bruera. Esa causa tiene 11 personas procesadas. Es importante poder desenmascarar a los actores de la Justicia que actúan con total impunidad”, sentenció el exconcejal.
“Fue una caza de brujas”
En el marco de las audiencias, el Dr. Marcelo Peña confirmó que su defendido (Gustavo Orlandi, imputado en la causa pero ajeno a la administración municipal) también fue desligado por completo de la acusación fiscal.
En un preciso interrogatorio, Peña dio a entender la ausente responsabilidad penal de su asistido y aseguró en declaraciones a este medio: “Fue una caza de brujas”.