Lava Jato y espionaje: lawfare de Brasil a Argentina

El equipo de fiscales de Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, fue disuelto este miércoles tras casi siete años en los que se revelaron los mecanismos de financiación ilegal de la política y derivaron en un tsunami institucional y económico que consiguió destituir a Dilma Rousseff en 2016, detener e inhabilitar como candidato al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y alimentar la ola de ultraderecha que llevó a la presidencia en 2018 a Jair Bolsonaro.

La Operación Lava Jato salpicó también a importantes políticos latinoamericanos, principalmente a través de la revelación del pago de sobornos de empresas con presencia en la región como la constructora Odebrecht.

Fuera de Brasil, el país más comprometido en el escándalo fue Perú, con cuatro expresidentes que se vieron involucrados con el caso: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

En forma general, las prácticas ilegales investigadas son la recepción de coimas para favorecer a Odebrecht en la licitación de obras públicas (delitos tipificados como cohecho, colusión, negociación incompatible, asociación ilícita y tráfico de influencias), así como la entrega de dinero ilícito a favor de campañas electorales (lo que constituye lavado de activos).

Los mecanismos de lawfare efectuados en el país vecino guardan similitudes (y también marcadas diferencias) con la triste página que significó el gobierno de Mauricio Macri en Argentina y sus prácticas de persecución política, espionaje ilegal y soborno hacia la oposición para rectificar su poder.

Sin ir más lejos, en julio de 2020 el procurador general de Brasil, Augusto Aras, denunció a los fiscales de la operación Lava Jato, sus subordinados, por haber montado una red ilegal para investigar, con el argumento de la lucha contra la corrupción, a 38.000 personas, y los acusó de negarse a rendir cuentas de sus actos, tras el protagonismo que ganaron desde 2018 al lado del juez Sergio Moro.

La oposición y parte del mundo jurídico acusa de lawfare a Dallagnol y Moro, que, según filtraciones de conversaciones hechas por el portal The Intercept, guiaban las investigaciones contra ciertos políticos, como por ejemplo Lula, y protegían a otros, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso.

En el caso de Lula, por ejemplo, las revelaciones sobre maniobras de Moro y Dallagnol llegaron al Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial del país, que desde hace un año tiene un pedido de nulidad del caso por supuesta animosidad del magistrado de primera instancia.

La Argentina macrista guarda grandes similitudes en este aspecto. Con la causa en plena investigación, salió a la luz durante 2020 un largo listado de dirigentes políticos y gremiales que sufrieron espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Según surge de la causa que se tramita en Lomas de Zamora, la AFI había montado una estructura de alrededor de cien personas para realizar inteligencia ilegal, espiando a dirigentes sociales, gremialistas, políticos en aquel momento opositores y hasta oficialistas, ya que incluso la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su segundo al mando, Diego Santilli, fueron víctimas de este espionaje interno.

Estos espías actuaban desde las “bases AMBA”, así llamadas porque fueron montadas en distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en adición a las históricas que ya existían en ciudades grandes de la Provincia: Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Las nuevas bases operaban en San ­Martín, La Matanza, Pilar, Ezeiza y Quilmes.

La historia del Lava Jato

Lava Jato nació el 17 de marzo de 2014 con la investigación por lavado de dinero mediante un cambista de Curitiba que lavaba dinero en una estación de servicio en la zona hotelera sur de Brasilia, y eso se expandió hasta una gigante red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras con la constructora Odebrecht como eje del pago de sobornos y sustento ilegal de la política.

Desde el principio, el juez Moro había anunciado que iba a formar una alianza con la prensa para divulgar la corrupción y en primer lugar tuvo como aliada a la revista Veja y a la poderosa TV Globo, que lo eligió hombre del año en marzo de 2015.

La fama de Moro le dio alas ­políticas y la presión mediática llevó a las cortes superiores a darle superpoderes y a garantizar pantalla de televisión casi 24 horas a la Policía Federal y a los fiscales comandados por Deltan Dallagnol. Mientras tanto, el gobierno de Dilma Rousseff se derretía porque sus aliados parlamentarios eran investigados, prcesados y apresados.

La estrategia de fases

En la operación Lava Jato se utilizaron las estrategias de fases. Se trata de una operación mediático-judicial que sirve para mantener en vilo a la sociedad de un país. Todo lo que implica este mecanismo, es lo siguiente. Ordenan, como primera medida, utilizar una estrategia judicial que se creó para realizar búsquedas y arrestos secuenciados; así se generaba expectativa cada semana.

Esto se dio sin importar la inocencia de quienes eran sindicados como involucrados. Se adoptó, entonces, un modelo en que cada dos semanas la gente reciba una nueva noticia.

Mes a mes se iba convirtiendo en una serie de televisión y cuando el televidente ya estaba en la historia se preguntaba, naturalmente, como quién mira una buena serie, quién iba a caer ese día. Enganchados ya en el caso, se esperaba qué caso de corrupción se iba a destapar esa semana. No hubo, además, inocencia de otros actores de la sociedad civil.

Tampoco estaban fuera de esta operación los organismos de investigación como la Policía Federal, el Ministerio Público Fiscal y la AFIP brasilera. Introducidos y avalados por los medios, los organismos se enfocaban en los mismos hechos y trabajaban para producir resultados, con esos datos, en un corto lapso de tiempo.

Realmente fue efectivo. A principios de 2018, se lanzó en Netflix la serie El Mecanismo, que contó toda la operación político-mediático-judicial más grande de la historia de Brasil y que encarceló a Lula da Silva y otros dirigentes del PT y de otros partidos políticos.

Todos los mecanismos del Lava Jato se replicaron en la Argentina. Olvidar que semana tras semana había un “nuevo caído”, desde que se inició la causa de los cuadernos, sería necio.
Desfilaron los fiscales, jueces y periodistas vinculados al “descubrimiento” por los canales de los principales medios de comunicación del país.

Asimismo, todas las radios y los diarios repitiendo continuamente para que la sociedad lo tenga presente y se pregunte quién caerá esta vez. Lawfare al palo, como dicen por ahí.

Arrepentidos por doquier canjeando “su verdad” para ensuciar a los dirigentes políticos para ­preservar su honor. Ningún empresario fue preso, solo lo hicieron las segundas líneas, pero, por poner un ejemplo, Paolo Rocca sigue libre.

Otros, como el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y Angelo ­Calcaterra, primo de Macri y contratista del Estado, también. Todos los empresarios están libres, pero aún hay dirigentes políticos encerrados, que son los únicos que pagaron. Acá, en Argentina, y allá, en Brasil, el mecanismo del lawfare funciona genial.