A cinco años de las primeras marchas contra el lawfare, Gabriel Bruera repasa la historia de impunidad de quienes hoy siguen teniendo cargos públicos y hace un llamado a terminar con este mecanismo de persecución.
31/01/2022 - 00:00hs
En este enero de 2022 se cumplen cinco años desde que realizamos las primeras marchas contra la persecución política-judicial-mediática (lawfare) en Argentina y particularmente en nuestra ciudad.
El mecanismo de persecución a referentes políticos, sindicales y judiciales, como también a toda persona que se interpusiera al plan de ajuste del gobierno de Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, está probado en distintas causas judiciales.
Además del video que circula en las redes y que motivó la denuncia de la AFI, se descubrió la persecución al exintendente de La Plata, Pablo Bruera, ya que consta fehacientemente en la causa judicial investigada por el juez Villena −y que ahora tramita en Comodoro Py (gracias a las gestiones del expresidente)− que el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de Vidal y actual diputado provincial, Alex Campbell, requería y dirigía los informes que los espías tomaron de manera absolutamente ilegal en flagrante violación a la ley de inteligencia.
Esta banda denominada Súper Mario Bros no era un grupo de cuentapropistas; está probado en el expediente judicial que las máximas autoridades del gobierno provincial dirigían las operaciones.
El procurador de la Corte, Julio Conte Grand, que aparece mencionado en el video, asumió el 13 de diciembre de 2016 y el día 16 de ese mes salió la primera orden de detención para dirigentes políticos platenses.
Actualmente sigue siendo el procurador y jefe de los fiscales de la Provincia, y no tiene ningún prurito en almorzar con el expresidente Macri en lujosos restaurantes de San Isidro.
A mediados de 2017, luego de varias marchas organizadas en nuestra ciudad al Poder Judicial denunciando la persecución política que sufrían varios sectores de la vida política y gremial de la ciudad, fuimos recibidos y llevamos copia de las causas armadas y las detenciones absolutamente ilegales que se llevaban adelante por parte del Ministerio Público con la anuencia de algunos jueces de Garantías. Pero lejos de darnos respuestas, la situación se agravó aun más.
El senador Juan Pablo Allan estuvo presente en la reunión que fue divulgada por el video. Allan era otra pieza clave en este armado, porque a partir de su designación en el Consejo de la Magistratura, tenía la tarea de “relacionarse” con los jueces en las causas que le interesaban al gobierno de entonces.
Después también participaron los dirigentes políticos locales que ponían la mano de obra para los armados de causas según el distrito.
Pero todo el arco social fue perseguido. También dirigentes sindicales y medios de comunicación.
Nadie puede ignorar el horror al que fueron sometidos también dirigentes sociales, de clubes, empresarios y hasta artistas.
La frase de la “GestaPRO” no fue una metáfora. Algunas de las prácticas de espionaje y persecución usadas tienen reminiscencias con las utilizadas por Himmler y Heydrich al frente de los servicios secretos nazis.
Por eso no se trata de ver quién sufrió más. Se trata de que una Justicia democrática juzgue a los responsables de estos delitos de una vez y para siempre. Solo así podremos decir NUNCA MÁS LAWFARE EN ARGENTINA.
Por supuesto que este modelo de persecución no fue originario ni exclusivo de nuestro país. Este tuvo como exponentes a Macri y Bolsonaro, entre otros dirigentes tristemente conocidos en todo el continente por este tipo de prácticas delictivas como el lawfare.
Pero acá queda mucho por hacer, porque el aparato sigue operando.
El actual jefe del Servicio Penitenciario, Xavier Areses, es el mismo de Vidal que autorizaba los cableados para escuchar presos ilegalmente.
Por eso celebramos el pedido de juicio político iniciado en la Cámara de Diputados a Julio Conte Grand y la sesión en el Senado para autorizar el allanamiento del despacho de Allan.
Tenemos que entender que esta mafia sigue activa y que hay que trabajar mucho para recuperar un sistema de justicia democrático en nuestra Provincia.
Por eso participaremos de la marcha convocada para el 1F a la Corte y convocaremos a todas las fuerzas políticas de la ciudad para trabajar junto a los organismos de derechos humanos y a la comisión por la libertad de los presos políticos para continuar la campaña por el juicio y castigo a la gesta de las causas armadas y por la libertad de los presos políticos.
Los delitos de la GestaPRO de Macri, Vidal y Garro no pueden quedar impunes.
Por una Justicia democrática.
Nunca más LAWFARE.