Los negocios pueden más que la justicia

Las preguntas que se hacen cada vez más argentinos, al observar la forma impune en la que un grupo de personas ligadas a Lázaro Báez (presunto testaferro de los Kirchner) contaban varios millones de dólares en la cueva financiera conocida como La Rosadita, son  las siguiente: ¿Cómo es posible que, ante el cambio de gobierno y semejante cúmulo de pruebas que se viene acumulando desde hace más de dos años, no haya un solo kirchnerista tras las rejas?, ¿Cómo es posible que Cristina Kirchner siga viviendo cómodamente en El Calafate y uno de los principales garantes de su enriquecimiento, Ricardo Echegaray, sin cuya complicidad como jefe máximo de la AFIP hubiese sido imposible realizar semejante maniobras de lavado de dinero, esté ahora al frente de la Auditoría General de la Nación?

Echegaray también fue una pieza fundamental para que el zar kirchnerista del juego Cristóbal López, que durante la era K se quedó con una refinería y una red de 350 estaciones de servicio, eludiera pagar más de 8000 millones de pesos en concepto de impuestos a los combustibles. López utilizó gran parte de esos recursos para financiar la compra de todo tipo de empresas, especialmente medios de comunicación.  A su vez, las utilidades fabulosas generadas por las tragamonedas habrían sido giradas al exterior, especialmente a Estados Unidos.

Llama la atención que desde el actual gobierno no muestren la más mínima inquietud por intentar determinar de dónde habrían salido los millones de dólares que se pudieron ver en el video de La Rosadita. Es más, si este tema hoy está en el centro de atención de la opinión pública se debe al accionar del periodismo y no a la voluntad política de las actuales autoridades de la Casa Rasada.

Echegaray está al frente de la AGN porque Mauricio Macri así lo permitió. Desoyendo las denuncias de su principal aliada política, Elisa Carrió, y desestimando la impugnación presentada por Margarita Stolbizer, Macri le habría ordenado al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y a la vicepresidenta Gabriela Michetti  (preside el Senado), que firmaran la designación propuesta por el kirchnerismo.  ¿Por qué el macrismo optó por tranzar? La razón fundamental habría que buscarla en que hay negocios en común que unen a ambas administraciones.

Sólo basta recordar que, como jefe de gobierno porteño, Macri pactó con Cristóbal López y el kircherismo para no cobrarle al zar del juego una deuda millonaria por el no pago del impuesto a los Ingresos Brutos del Hipódromo de Palermo (donde funcionan miles de máquinas tragamonedas) y del casino flotante de Puerto Madero. A cambio, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibe un irrisorio canon que, en el mes de enero, había comenzado a renegociarse en función de la recaudación real de la tragamonedas.

Negocios bonaerenses

Estos negocios en común también registran en la Provincia de Buenos Aires. No por casualidad la gobernadora María Eugenia Vidal no ha tomado ninguna iniciativa contra los negocios que tiene el zar kirchnerista del juego en territorio bonaerense como son los bingos con tragamonedas ubicados en Ezeiza y Los Polvorines. Además, mantiene un sospechoso silencio respecto a qué piensa hacer su gobierno ante la participación mayoritaria que tiene Cristóbal López en la UTE que administra los peajes de la Ruta 2 y 11 (ver página 4).

En rigor, en territorio bonaerense, se mantienen inalterables casi todos los negociados que se tejieron durante la era sciolista-kirchnerista. El Asesor General del Gobierno sigue siendo Gustavo Ferrari, quien acompañó a Daniel Scioli hasta el último 10 de diciembre, y Jorge “Piedrita” Rodríguez, responsable de haber renovado automáticamente hasta el año 2021 las licencias de los bingos bonaerenses a un puñado de empresarios amigos del poder, quedó como el vicepresidente del Instituto de Lotería.

A su vez, varios integrantes del directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), una obra social repleta de nichos de corrupción, siguen reportando al titular de UPCN, Carlos Quintana, con quien el gobierno provincial pactó impunidad a cambio de pagarle a los estatales un irrisorio aumento salarial de 15% en dos cuotas.

Es tal el grado  de connivencia que,  de no haber sido por la denuncia del diario Hoy, ya se habrían hecho desaparecer 4000 cajas con documentación comprometedora relacionada con los negociados de oncológicos y recetas truchas que involucran a la conducción de UPCN.  A su vez, utilizando excusas leguleyas, las actuales autoridades ni siquiera se animan a apartar de la plantilla del personal a ex funcionarios procesados -también vinculados con Quintana- por haber vendidos de forma clandestina remedios de alto costo en una red de farmacias de La Plata y del interior. Estas mismas farmacias, a su vez, siguen prestando servicio como si nada hubiese pasado.

Vidal también mantiene un misterioso silencio en lo que hace a los negociados que se realizaron con la salud pública, que llevaron a que hoy se registre un faltante generalizado de insumos. Además,  los edificios de casi todos los hospitales de la Provincia se están cayendo a pedazos. Las consecuencias son terribles: hay gente que se muere todos los días por estas deficiencias, como acaba de ocurrir en Mar del Plata por la falta de designación de un médico gastroenterólogo.

A casi 100 días del cambio de gobierno, Vidal ni siquiera hizo una sola denuncia penal contra funcionarios de la gestión anterior, que dejaron una Provincia quebrada. En estas circunstancias,  el silencio es sinónimo de complicidad.

Los miles y miles de millones de pesos que se robaron es plata que les sacaron a todos los ciudadanos que, para colmo, deberán pagar los costos de la corrupción y el despilfarro con inflación, tarifas más caras y salarios a la baja.