La caja de Cristóbal López que alimenta el gobierno bonaerense

Una nueva denuncia penal contra Julio De Vido a la que tuvo acceso el diario Hoy, arroja luz sobre el negociado de las concesiones viales en Argentina. A pesar de su millonaria evasión fiscal, los turbios manejos del zar del juego K en la Provincia siguen intactos. La inacción de la administración de Cambiemos

Los negociados con la obra pública durante el gobierno kirchnerista privó a los argentinos de miles de millones de pesos que fueron a parar a la oscura cueva de la corrupción. Uno de los ejemplos claros de este accionar se dio en las concesiones viales, que significaron enormes ganancias para los empresarios, y duras pérdidas para el Estado.

Quien sin dudas fue uno de los grandes triunfadores de la mal llamada década ganada, es el empresario Cristóbal López, quien a pesar de deberle al fisco más de 8.000 millones de pesos, sigue teniendo con sus empresas el control de una inmensidad de negocios a lo largo y ancho de la Argentina, entre ellos la concesión en suelo bonaerense para la explotación del peaje de las rutas 2, 11 y de las autovías del corredor atlántico.

Según consta en una denuncia penal a la que tuvo acceso el diario Hoy, presentada en el Juzgado Federal N° 7 a cargo del juez Sebastián Casanello, contra el extodopoderoso ministro de Planificación K, Julio De Vido, se solicita que se investigue la forma con la que el zar del juego kirchnerista, se quedó con las concesiones de esas rutas durante el gobierno de Daniel Scioli.

A través de la empresa CPC S.A., López fue beneficiado con grandes negocios por el kirchnerismo, que le reportaron cifras millonarias a su favor, con el agravante de que en los tramos en que les fue concesionado, no existe un camino alternativo como exige la ley, lo que lleva a pensar a la Justicia que detrás de la forma en que se concesionó desde el área que manejaba De Vido, existieron coimas y retornos muy graves.

Fuera de la ley

En 2011 la Provincia le otorgó la concesión del llamado “corredor interbalneario” a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por varios empresarios amigos del kirchnerismo, como Benito Roggio, Eduardo Eurnekián, Carlos Wagner y un año después se agregó Cristóbal López.

El ingreso de López al negocio vial podría decirse que fue “por la ventana”, ya que la Ley de Medios que dictó el kirchnerismo y recientemente derogada por el gobierno de Mauricio Macri, en su artículo 25 prohibía a empresarios que posean más del 10% de una empresa concesionaria de un servicio público acceder a una licencia de un medio de comunicación, y el peaje, según  jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, es un servicio público.

La impunidad con la que se manejó el empresario en la era K, queda plasmada en una serie de acciones que remarcan un turbio maniobrar, donde a pesar de las manifiestas ilegalidades para que se le otorgara esta concesión, el gobierno de Scioli miró para otro costado y dejó que siguiera extendiendo su amplia red de negocios, que le siguen reportando cientos de millones de pesos al año.

Inacción y continuidad

A pesar de que el presidente Macri salió en las últimas horas a expresar su “indignación” por la masiva evasión fiscal efectuada por las empresas de López, poco se ha hecho desde el gobierno nacional para quitarle los grandes negocios que sigue teniendo a costa del Estado.

Esta inacción se ve en la provincia de Buenos Aires, donde la administración de María Eugenia Vidal se mantiene en un silencio por demás llamativo con respecto a los manejos económicos del empresario. El diario Hoy se comunicó con el Ministerio de Infraestructura bonaerense, y desde el mismo no respondieron a las consultas planteadas.

Ante este estado de situación, cabe preguntarse: ¿cuándo llegará el cambio a la Provincia?.

Amigos son los amigos

La noticia de la millonaria evasión fiscal efectuada por Cristóbal López y sus empresas por más de $8.000 millones bajo el último gobierno de Cristina Kirchner, puso la mirada en la labor jugada por Ricardo Echegaray como responsable de la AFIP ante los amigos del poder K.

López no solo fue favorecido en épocas de Echegaray con su actitud esquiva para exigir que las firmas del empresario no retuvieran para sí el Impuesto a Transferencia de los Combustibles (ITC), sino que además fue beneficiado con “facilidades impositivas” del ente recadudaor, lo que le permitió al zar kirchnerista del juego capitalizar CPC S.A. en 78 millones de pesos.

El empresario, que inundó de tragamonedas el país, fue ayudado por la AFIP para abonar en cómodas cuotas una enorme deuda que mantenía con el fisco, lo que le permitió al empresario girar dinero para la realización de otros negocios, como por ejemplo la compra de la sucursal argentina de Petrobras, que le reportaron grandes dividendos.

Estado penoso

La Ruta Provincial 11, que une las localidades de Punta Lara y Mar del Sur, que concesiona la empresa CPC S.A., propiedad de Cristóbal López, es una de las vías bonaerenses que en peor estado se encuentra.

Eso ha llevado a que los reclamos se extiendan por miles. En diálogo con Hoy, el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, señaló que “lo de la ruta 11 es escandaloso, estamos pagando peajes por un servicio lamentable, con el agravante de que solo un 25 o 30% es autovía”.
Para el representante de la defensa vial, “es increíble el mal servicio que cumple la empresa CPC. Es una zona muy transitada y no es posible que siga siendo un corredor con un carril de ida y otro de vuelta”.

“Este corredor atlántico es un contrato ilegal, leonino, que afecta al interés general, con tarifas que no cumplen con las leyes vigentes. Los responsables de que haya sucedido esto son Duhalde, Solá y Scioli, y nos llama la atención que desde el gobierno provincial no se hable ni diga nada de esto”, resaltó Lasca.