Mafias en la cúpula de la Policía Bonaerense

A las denuncias que pesan sobre el titular de la fuerza, Pablo Bressi, y de  la Dirección de Drogas Ilícitas, Claudio Fuentes, además de varios funcionarios policiales en puestos claves, ahora se suma otro preocupante dato: el encargado de todas las DDI, Jorge Pissaco, estaría seriamente comprometido y procesado en una causa de cohecho

Los integrantes de la cúpula policial  confirmados hace tres semanas por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, suman graves denuncias. Ahora trascendió que el Director General de Investigaciones, Jorge Pissaco, quien tiene a cargo todas las DDI de la Provincia y supervisa las pesquisas de mayor trascendencia en territorio bonaerense,  estaría seriamente comprometido y procesado en una asociación ilícita de alto impacto político en el conurbano norte y esa causa judicial, por la que tuvo que renunciar el entonces Jefe de la fuerza, aún no habría sido cerrada.

Esta situación es una nueva mancha sobre los altos mandos de la Policía, a los que parece que el gobierno de María Eugenia Vidal,  en lugar de mirar el currículum para elegirlos  tiene en cuenta sus antecedentes penales. Esta decisión alarma a los bonaerenses que viven inmersos en una profunda crisis de inseguridad con olas de robos, entraderas, secuestros extorsivos, asesinatos y proliferación del narcotráfico.

Como informó Hoy, el Jefe de la Policía, Pablo Bressi, y el Director de Drogas Ilícitas, Claudio Fuentes, son investigados por la Justicia Federal. Ambos acusados por cobrar dinero de narcotraficantes a cambio de liberar zonas para que vendan estupefacientes. Y al menos otros seis funcionarios policiales designados en puestos claves en la lucha contra la criminalidad están en esa situación.

Pero ahora trascendió que entre los hombres de mayor confianza de Ritondo para conducir a una fuerza de seguridad con más de 90 mil agentes, está Jorge Pissaco, quien en 2002, cuando cumplía funciones en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, fue procesado junto a varios policías, entre ellos Amadeo D’Angelo, el Jefe de la Policía en ese momento, por integrar una asociación ilícita por cobrar coimas a prostíbulos, en una compleja red de trata de personas, en las localidades de San Miguel, José C. Paz y San Fernando.

Según la investigación judicial, D’Angelo  habría recibido coimas de prostíbulos cuando era el titular de la Jefatura Departamental Conurbano Norte, entre 1999 y 2000. Varias escuchas telefónicas fueron los elementos que existieron para imputarlo por el delito de cohecho y acorralado por la Justicia, el funcionario renunció.

Entre los que habrían participado del circuito de recaudación ilegal y protección a la red de trata figuraron nueve uniformados más, además de ocho funcionarios políticos, entre ellos el entonces intendente de San Miguel así como el presidente del Concejo Deliberante de ese municipio.

Entre los efectivos imputados encontramos a Pissaco y en aquel momento fue separado de la fuerza, pero por esas cosas de la política regresó y en la actualidad se recicló como jefe de todas las DDI, dependencias, principalmente las del conurbano, que se caracterizan por recaudar dinero ilegal por permitir actividades relacionadas con la venta de drogas, prostitución, desarmaderos y juego clandestino.

Los otros policías procesados fueron Luis Botey, Hugo César Rodríguez, Néstor Benedetti, Ricardo Tysynski, Dámaso Villalba López, Luis Adrián Vargas, Pedro José Morell y Jorge Alfredo Alcalde.

De esta manera, gran parte de la conducción de la Bonaerense aparece salpicada por graves casos de corrupción que, cabe destacar, aparecen a la luz pública gracias a la valentía de muchos uniformados hartos de la corrupción  y con un fuerte sentido de pertenencia a la institución. Esta situación pone entre la espada y la pared al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que fue el encargado de confirmar a cada uno de los integrantes de la cúpula hace tan sólo dos semanas.

EN FOCO

Tiene que actuar la Justicia

La profundidad de las redes de corrupción en la que estarían inmersos varios jefes que integran la cúpula de la Bonaerense hace necesario un rápido accionar de jueces y fiscales.
¿Cómo puede sentirse un ciudadano de a pie al ver que los responsables de velar por su seguridad, están conectados presuntamente con organizaciones ligadas a la prostitución, al narcotráfico y al crimen organizado? Si la Justicia no actúa ante la sospechosa pasividad de una parte importante de la clase política, no sólo ganarían los corruptos: también se estaría poniendo en riesgo a las propias instituciones de la Provincia.

Así como nuestras investigaciones permitieron desenmascarar a un juez salteño que se presentaba como un paladín en la lucha contra las drogas, cuando en realidad había montado una red de protección a narcotraficantes, ahora esperamos que el producto de nuestro trabajo también contribuya a desterrar los nichos de corrupción que tanto daño le hacen a la fuerza policial.

Su número en la agenda de un proxeneta

La causa en la que estaría aún involucrado el actual Director General de Investigaciones, Jorge Pissaco, apuntó a determinar si un hombre llamado Vicente Serio, juzgado por el regenteo de prostíbulos, les pagaba coimas a policías de San Miguel, San Fernando y José C. Paz y a funcionarios municipales de esos tres distritos para que le dejen funcionar los locales.

Ante una cámara oculta de Telenoche Investiga, Serio aseguró que debía pagar 18.000 dólares por mes a los responsables del poder político y policial. Y cuando allanaron su casa encontraron una agenda y entre sus contactos estaba Pissaco.
El actual jefe de las DDI seguiría teniendo la causa abierta y, sospechosamente, la Dirección de Asuntos Internos,  por decisión de vaya a saber quien, estaría cajoneada.

Cuando el circuito recaudador se mantiene intacto

Una de las cuestiones que más preocupa a los bonaerenses es la inseguridad y un gran porcentaje de la población de la Provincia inclinó su voto a favor de Cambiemos en las elecciones de octubre pasado, harto del crecimiento del narcotráfico y de los hechos de violencia.

Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, sorprendieron, y para mal, al mantener con solo algunos cambios de nombres, una cúpula policial muy cuestionada, y con presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes y otras asociaciones ilícitas que recaudarían cerca de 100 millones de pesos mensuales para el “manejo” espurio del poder político.
Este pacto con las mafias se puede percibir al observar que el Jefe de la Policía, Pablo Bressi, fue el titular de la Dirección de Drogas Ilícitas durante el gobierno de Daniel Scioli, y en ese tiempo creció en forma exponencial la oferta de drogas en la Provincia.

De hecho, la justicia federal investiga una denuncia en contra de Bressi en la que se lo acusa de que todos los lunes recibía en su despacho sobres con dinero “sucio” proveniente de las 18 delegaciones de Drogas Ilícitas distribuidas en el territorio bonaerense. Sin embargo fue premiado y lo ascendieron como número 1 de la fuerza.

Todo parece indicar que para mantener el circuito de recaudación ilegal, Ritondo puso en la Dirección de Drogas Ilícitas a Claudio Fuentes, en la mira de la justicia por ser “valijero” de Bressi.

Pero además, como informó Hoy, Bressi designó a cargo de la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico a Elías Guillermo Pinarello, a pesar de que cuando estuvo a cargo de la subddi de Brandsen desapareció de esa dependencia más de 100 kilos de marihuana.

En la Delegación Enlace Aeroportuario, Bressi puso a Jorge Pedro Quintana,  que en su gestión, en febrero pasado, fueron detenidos tres efectivos policiales que habían cobrado dinero y acordado la liberación de una zona en Esteban Echeverría para la venta de drogas. Lo grave es que los tres apresados cumplieron funciones junto a Quintana y Bressi en varias delegaciones: La Matanza, Quilmes y Esteban Echeverría. Entre otros de los denunciados como corruptos pero que en la actualidad ostentan cargos de relevancia figuran Jorge Antonio Monfort  (Coordinador General de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas), Marcelo De Santis (Director de Coordinación de Dolores), y Pablo Montan (Director de Coordinación de La Matanza).