Caja negra policial: acusados seguirán en libertad

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo penal platense avaló el hábeas corpus presentado por la defensa de los cuatro policías imputados por asociación ilícita y cohecho. El polémico dictamen abre varios interrogantes: ¿Existe un pacto político – judicial? ¿Temen que si los acusados van a la cárcel “prendan el ventilador”?

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo penal de La Plata revocó ayer el pedido de detención de los cuatro policías acusados de asociación ilícita y cohecho en el marco de la investigación por el hallazgo en la Departamental La Plata de 36 sobres con más de 157 mil pesos el pasado 1º de abril (una cifra que solo representa un vuelto, teniendo en cuenta los millones que maneja la fuerza en una caja negra). En tanto, la misma instancia judicial no hizo lugar al pedido de la nulidad de la causa, por lo que la pesquisa sigue adelante.

Para los jueces de la Sala 3 no se han encontrado probanzas concretas específicas que justifiquen la existencia de una asociación ilícita o banda destinada a cometer delitos por lo que avalaron el pedido de habeas corpus de los letrados Ricardo Bianchi y Juan Di Nardo, defensores de los policías imputados.

Aunque en el fallo se admite varias denuncias de comerciantes en contra de integrantes de la fuerza,  los magistrados entendieron que no justifican la detención de los desplazados jefe de la Departamental, Darío Camerini, su segundo, Rodolfo Carballo, el jefe de operaciones, Ariel Huck y el secretario, Walter Stramowskyj.

De esta manera la Cámara de Apelaciones hizo cesar la medida de coerción solicitada para los imputados por el fiscal platense Marcelo Martini y la jueza de Garantías, Marcela Garmendia. Sin embargo, en los fundamentos los jueces afirman “no desconocer que estamos ante la presunta comisión de graves conductas ilícitas por parte de funcionarios públicos” y rechazaron el pedio de nulidad de la investigación penal.  Como se recordará, bajo la Instrucción Penal Preparatoria nº 7237/16, se inició una escandalosa causa que puso en evidencia el presunto  nivel de corrupción policial en la región. 

Todo había comenzado por la denuncia de un policía en la línea telefónica 0800 9998359, de la Dirección General de Asuntos Internos, el pasado 23 de febrero en la que se dieron detalles de un circuito “aceitado” de recaudación ilegal por parte de integrantes de la Bonaerense. El denunciante anónimo especificó que todos los primeros días de mes todas las dependencias de la región llevaban un sobre con dinero que provenía del cobro por actividades relacionadas con el narcotráfico, juego clandestino, prostitución, desarmaderos y vigilancias “truchas”. Fue así que Asuntos Internos dio intervención a la UFI nº 3 en turno, a cargo del fiscal Marcelo Martini. A partir de allí acontecieron algunos desajustes en la investigación que llamaron la atención.

¿Un procedimiento inconsulto?

El 1º de abril funcionarios de Asuntos Internos, al parecer sin conocimiento de Martini, bajo una medida que ellos denominaron “inspección ocular”, realizaron un allanamiento de la Departamental La Plata, ubicada en 12 entre 60 y 61, y descubrieron lo que el denunciante anónimo había advertido: encontraron sobres con dinero en el escritorio del secretario del titular de la dependencia, en el que se indicaba con un número la procedencia de las seccionales. A partir de ese hecho, y tras la presión mediática, el Ministerio de Seguridad desplazó a los cuatro policías mencionados y a una oficial administrativa, identificada como María de los Ángeles Ramírez.

Para el fiscal Martini y la jueza Garmendia hay elementos suficientes para que los que cumplían roles de mando en la Departamental sean detenidos, pero la Cámara de Apelaciones consideró en contrario. El polémico dictamen habría tenido en cuenta la denuncia de los abogados defensores de los imputados: ellos sostienen lo irregular del procedimiento de Asuntos Internos por su intromisión inconsulta con la justicia penal y abrieron la posibilidad de que los sobres habrían sido “plantados” en el marco de una interna dentro de la Bonaerense. Hay olor a impunidad. De un pacto de silencio con connivencia político- judicial. ¿Será que Camerini, Carballo, Huck y Stramowskyj amenazaron con “prender el ventilador” si finalmente terminan en la cárcel? Todo indicaría que de eso se trata.

SIPOBA le apunta a Grasso, Bressi y Ritondo

Como ha advertido Hoy en reiteradas oportunidades en base a la denuncia del Sindicato de Policías de Buenos Aires (SIPOBA), llama la atención que el escándalo de los sobres se haya “cortado” en el entonces Jefe de la Departamental La Plata, Darío Camerini, cuando en el mismo edificio tiene su oficina el superintendente de la región capital, Fernando Grasso.

Para SIPOBA Grasso era parte del circuito de recaudación ilegal y cumplía un nexo clave al reportar al Jefe de la Policía Pablo Bressi.

De hecho, existe una denuncia en la que se afirma que el 6 de abril pasado, es decir cinco jornadas después del secuestro de los 36 sobres en la Departamental La Plata, Grasso sufrió un violento asalto frente a su casa de Quilmes Este, donde cuatro delincuentes le sustrajeron un bolso con 450 mil pesos, plata que tendría su origen en el cobro de un canon a dealers, prostitutas, quinieleros, ladrones de autos y de los negociados con el pago de las POLAD.

Nicolás Masi, secretario general de SIPOBA, relaciona con los ilícitos descriptos al ministro de Seguridad Cristian Ritondo.

Denuncian otra forma de recaudación ilegal

Varios agentes de la Policía Bonaerense llamaron a la redacción para quejarse del manejo que sus jefes hacen con las horas cores. De acuerdo a los uniformados varios comisarios de la región los mandan a realizar custodias de comercios, principalmente supermercados chinos, y a pesar de que los vigiladores reciben la paga por parte del Estado, desde las seccionales le cobran a los dueños de los negocios entre 150 y 200 pesos la hora.

“Recaudan miles de pesos a la semana y ese dinero se lo reparten entre los jefes”, dijo uno de los policías que habló con Hoy.