Policía: crece la trama narco en la cúpula de la Bonaerense

A la investigación de la Justicia federal sobre el rol que cumplía Pablo Bressi en el circuito de recaudación ilegal cuando era el titular de Drogas Ilícitas, ahora se añaden dos acusaciones que indicarían que puso en puestos claves a presuntos narcopolicías. Conexiones con la mafia de la efedrina y el triple crimen de General Rodríguez

Sabido es que en los últimos años el narcotráfico ha avanzado en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires gracias al nivel de corrupción en los gobiernos y en los órganos de control: Aduana, Gendarmería, fuerzas policiales y sectores de la Justicia; y las consecuencias del accionar de “los mercaderes de la muerte” impacta en el seno de la sociedad.

Actualmente la mira en la Provincia está puesta en la conducción de la Policía bonaerense, ratificada hace pocos días por el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y por la gobernadora María Eugenia Vidal. Tal como lo venimos reflejando en las páginas de Hoy, el actual titular de la fuerza, Pablo Bressi, que formó parte de la cúpula policial durante el gobierno de Daniel Scioli, aparece seriamente comprometido por distintas denuncias que tramitan en la Justicia Federal que lo vinculan con narcos que, supuestamente, pagaban por protección policial.  Cabe recordar que, hasta el pasado 10 de diciembre, Bressi se desempeñó como Director General de Drogas Ilícitas.

El diario Hoy tuvo acceso a información sensible y testimonios que no solamente comprometen a Bressi. También estarían seriamente implicados su sucesor en el cargo en el área de Drogas Ilícitas (ver más abajo) y varios de sus hombres de confianza, a lo largo de toda sui carrera policial.

Según pudo saber Hoy, en febrero pasado fueron detenidos tres efectivos policiales habían cobrado dinero y acordado la liberación de una zona en Esteban Echeverría para la venta de drogas. “Los tres uniformados involucrados son dos suboficiales, identificados como Jalaf y Ávila, y un subcomisario de apellido Altamirano“, explicó una fuente calificada.

De acuerdo a ese testimonio, “el evento fue filmado y grabado su audio, con lo cual no hay duda de la fidelidad, autenticidad y objetivo criminal que encaraban los exfuncionarios policiales. Los tres involucrados pertenecían a la División de Enlace Aeroportuario de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y el responsable de esa división es el comisario mayor Jorge Quintana y la importancia de ello radica en la conexión que mantiene con el actual jefe de Policía, Pablo Bressi”.

Según el informante, “es importante saber que cuando Bressi prestó funciones en la Delegación Narcotráfico de Lomas de Zamora, era el mentado Quintana su segundo jefe; y que Jalaf era el encargado de hacer las cobranzas ilegales para aquella repartición”.

Siempre de acuerdo a esa fuente calificada, Bressi siguió su carrera en La Matanza, Quilmes y Esteban Echeverría, siempre con la compañía de Quintana y los tres que fueron detenidos en febrero pasado.

Cuando Bressi fue puesto a cargo de la Superintendencia de Drogas, él nombró a Quintana a cargo de la División de Enlace Aeroportuario, y en el mismo acto trasladó al personal procesado a esa misma división, es decir a Jalaf, Ávila y Altamirano. Para el informante “todos sabemos que Bressi fue nombrado Jefe de Policía y Quintana, y su grupo, continuaron en Enlace Aeroportuario, cuyo ámbito de actuación son los aeropuertos. No es secreto, dentro de la Policía, que los uniformados involucrados realizaban la recaudación para Bressi y este mismo esquema lo demuestra”.

Conexiones con la mafia de la efedrina

El platense José Luis Santiso fue Jefe de la Departamental San Martín hasta que en junio pasado la Justicia Federal comprobó, a través de incontables intervenciones telefónicas, que liberaba zonas para que narcotraficantes vendieran drogas a cambio de un pago semanal de miles de pesos. Actualmente está preso en una de las cárceles de Marcos Paz junto a otros cuatro policías bonaerenses.

Un investigador de la región que colabora con La Red Nacional Antimafia habló con Hoy y detalló que “Santiso había sido echado de la fuerza durante dos años. Pero volvió durante el gobierno de Daniel Scioli y lo pusieron en varias delegaciones de Drogas Ilícitas. Estuvo mucho tiempo bajo el ala de Pablo Bressi”.

Lo más grave es que Santiso está mencionado en la causa por el triple crimen de General Rodríguez y la mafia de la efedrina. Es que el policía se desempeñaba como Director de Armas de la provincia de Buenos Aires y en ese periodo tuvo un incremento patrimonial muy fuerte, hasta que lo echaron de ese cargo.

Santiso, que reconoció haber sido socio de Martín Lanatta (uno de los condenados por los homicidios) en un proyecto de organizar una empresa de seguridad privada, fue investigado por la justicia platense en el 2009 luego de que en su casa de 30 entre 24 y 25, descubrieran un arsenal bajo sospecha de que le vendía armas a bandas de delincuentes. En ese entonces, fue absuelto tras un polémico y cuestionado fallo del entonces juez de garantías Néstor de Aspro, que poco tiempo después se acogió al beneficio de la jubilación.

Mientras la trama narco crece dentro de la fuerza policial, Vidal, Bressi y la cúpula de la Bonaerense mantienen un misterioso silencio.

Ahora bien, no todo está perdido. La mayoría de nuestra fuentes, que nos aportan valiosa información, son policías hartos de la corrupción. La fuerza tiene numerosos hombres y mujeres comprometidos con el cumplimiento del deber, dispuestos a dar todo de sí para defender a la sociedad y a la institución para la cual trabajan.

El sucesor de Bressi hasta las manos

Se trata de Claudio Fuentes. Quedó a cargo de las 18 delegaciones de Drogas Ilícitas por disposición del ministro Cristian Ritondo, pero lo investigan penalmente por haber pactado con dealers y recaudar dinero ilegal. Habría sido uno de los que le llevaba sobres con “plata sucia” a su antecesor: Pablo Bressi

El abogado penalista y presidente de la Asociación Civil Nuevo Concepto Penal, Damián Odetti, en diálogo con Hoy explicó que “el sucesor de Pablo Bressi en la ahora Superintendencia de Narcotráfico y Crimen Organizado es Claudio Fuentes, un funcionario al que denuncié penalmente por haber tranzado con narcotraficantes cuando estaba a cargo de la Delegación de San Martín, y quien reportaba directamente con el ahora Jefe de la Policía”.

La denuncia sobre los vínculos entre policías y los mercaderes de la muerte en los populosos partidos de San Martín y San Isidro la investiga la Justicia federal, ya que estarían implicados fiscales bonaerenses, los que responden a la Procuradora María del Carmen Falbo.

Odetti presentó ante la justicia la acusación contra Fuentes en 2011 y poco después fue desplazado, “pero estuvo en distintas delegaciones de Drogas Ilícitas, hasta que Bressi subió a Jefe de Policía con el gobierno de Vidal y lo puso a Fuentes, a pesar de estar investigado judicialmente, como superintendente en el área de Narcotráfico”, explicó el abogado.

Para Odetti el circuito de recaudación ilegal, con policías liberando zonas para que narcotraficantes hagan sus negocios a costa de varias vidas a cambio del cobro de un canon, sigue delante. “Lo pusieron a Fuentes porque él conoce de qué se trata. Estuvo en las delegaciones de Drogas Ilícitas donde más plata se mueve”, detalló. Pero además el titular de Nuevo Concepto Penal cargó contra el Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo. “La corrupción alcanza hasta Asuntos Internos. Si los narcopolicías reparten lo que recaudan, nadie los investiga a nivel administrativo”, señaló Odetti.

“Y la justicia penal también está corrompida. Las fiscalías temáticas sobre drogas y delitos complejos de los departamentos judiciales de San Martín y San Isidro responden a María del Carmen Falbo y las causas son cajoneadas. Pero también hay magistrados investigados. La fiscal general adjunta que reemplazó al procesado Julio Novo detectó que varios fiscales se quedaron con sumas importantes de dinero productos de allanamientos relacionados con el narcotráfico”, sostuvo Odetti. “Hay pruebas que muestran cómo fiscales trabajan junto a policías y narcotraficantes en un negocio perverso. Encubren todo por connivencia. Son unos delincuentes”, agregó el letrado.

Conurbano oeste sin control

Miguel Ángel “Mameluco” Villalba cumple una condena de 23 años por narcotraficante en la cárcel de Ezeiza. Pero la Justicia Federal de Lomas de Zamora logró comprobar que aún preso, el sujeto comandaba una banda de dealers.

Por seguir en el “negocio” de la droga desde el penal hubo otro procesamiento y fue detenido con prisión preventiva un excandidato a intendente de San Martín por el espacio Agrupación Conciencia. Se trata de Agustín Rapisarda, de 70 años, a quien le secuestraron en su casa y en su camioneta de alta gama, una agenda en la que a mano alzada se detalla el pago de sumas importantes de dinero a encargados de la DDI, de la comisaría y de la Delegación de Drogas Ilícitas, a fines de 2014.

El procedimiento judicial indica una forma estructural de corrupción policial que garantiza vía libre a los “mercaderes de la muerte” a cambio de importantes sumas de dinero.
 
La otra recaudación ilegal: más implicados

A la conocida causa de los 36 sobres secuestrados el 1º de abril pasado en la Departamental La Plata con más de 157 mil pesos (un simple vuelto teniendo en cuenta las cifras millonarias de la recaudación ilegal de sectores policiales), que provendrían de la recaudación ilegal por las actividades relacionadas al narcotráfico, prostitución, juego clandestino, desarmaderos y vigilancia truchas, en la que la justicia platense pidió la detención de cinco uniformados, hay que sumarle la denuncia de malversación de fondos de las POLAD en el ámbito de la comisaría Primera y Novena La Plata y ahora en la Tercera de Berisso.

Como viene informando Hoy, luego del robo en la casa del intendente Julio Garro, el 2 de marzo último, se destapó el circuito ilegal de cobro de horas extras en la comisaría Primera y fueron desplazados el comisario (Marcelo Cifuentes) y su segundo (Carlos Arias), además de la detención del exsubteniente Miguel Masana, por el asalto al jefe comunal.

Masana está en la mira también por enriquecimiento ilícito. Y algo parecido estaría sucediendo con los adicionales que la Policía realiza en el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, donde el comisario, una administradora y un coordinador del Ministerio de Seguridad se quedarían con dinero mal habido.Ahora se suma otra  denuncia. Es que en el barrio El Carmen de Berisso, más precisamente en 77 y 126, el Ministerio de Seguridad destina dinero para el pago de varios policías para que vigilen ese predio para evitar usurpaciones, pero todo indicaría que esa función la hace uno solo. ¿Quién se queda con la plata de los otros tres? 

Cuando la realidad supera a la ficción

A mediados del año pasado la Justicia Federal intervino en la provincia de Buenos Aires y desbarató una banda de narcopolicías en la localidad de San Martín. Al analizar los detalles de la causa iniciada bajo nº de expediente 14.294/14 y llevada adelante por el Juzgado Federal nº 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, se observa la punta de un iceberg que explica cómo autoridades policiales y aún judiciales del ámbito bonaerense consideran nada a la vida.

Todo ocurrió en las villas La Cárcova, La Rana y Corea. A través de incontables horas de escuchas telefónicas y secuestro de agendas se pudo develar los vínculos de la Policía Bonaerense con narcotraficantes.

Con dramatismo atroz se pudo apreciar cómo jefes policiales pactaron con bandas de narcos para dejar zonas liberadas para que vendan estupefacientes a cambio de varios retornos. Los dealers debieron abonar cuotas semanales a la comisaría, a la DDI y a la delegación de Drogas Ilícitas, de un valor estimado mensual de 160 mil pesos.

Pero el negocio para los representantes del Estado no queda ahí. Se pudo comprobar que los policías le vendían a una banda lo que le secuestraban en allanamientos a la otra.

El servicio policial también ofrecía juntar elementos para que fiscales ordenen allanamientos de narcos que compiten con los que ya arreglaron con los integrantes de la fuerza, proveer de armas de fuego y permitir tiroteos y asesinatos sin detenciones.

En una de las escuchas se vislumbra cómo un fiscal presenta a una conocida narcotraficante al jefe de la Departamental. Sin palabras.

Asimismo se pudo comprobar lo que se podría denominar el anti- 911, cuando jefes de las organizaciones narcos llaman a la Policía para avisar que hay gente sospechosa en el barrio que los están investigando, y se trataba de agentes federales, los que fueron echados del barrio por los de la Bonaerense, bajo amenaza de muerte. O jefes de calle que amedrentaron a vecinos por denunciar a dealers.

Lo más graves es que mientras transcurrió ese proceso judicial se instalaron varias cocinas de paco y decenas de pibes murieron producto del consumo o por enfrentamiento entre bandas.