Medio auto, media casa y una Gestapo antisindical: el legado Vidal en la Provincia

Como informó diario Hoy en su edición anterior, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata ordenó la libertad de Jorge Castillo, conocido como el Rey de la Salada, al declarar la falta de mérito para todos los imputados en la causa que instruía el juez Luis Armella. La resolución judicial se inscribe en un expediente que vuelve a poner en escena el nombre de Armella, cuya actuación ya había tenido relevancia en otros procesos de alto impacto en la provincia de Buenos Aires.

La mesa que quería una Gestapo

El 15 de junio de 2017, en oficinas del Banco Provincia, se celebró una reunión registrada por cámaras de la Agencia Federal de Inteligencia. De la misma participaron el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, el ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el subsecretario de Justicia Adrián Grassi, el senador Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata Julio Garro y empresarios del sector de la construcción. El encuentro tuvo como eje la coordinación de acciones vinculadas a causas penales contra dirigentes sindicales de la provincia.

Las filmaciones fueron encontradas años después por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, quien presentó la denuncia penal que dio inicio a la causa. Más tarde aparecieron audios adicionales que ampliaron la lista de involucrados para incorporar a la propia exgobernadora María Eugenia Vidal, al exministro Cristian Ritondo, al procurador Julio Conte Grand y al exjefe de Gabinete Federico Salvai, entre otros funcionarios del gobierno bonaerense.

El blanco principal fue Juan Pablo "Pata" Medina, histórico titular de la UOCRA seccional La Plata, pero la maquinaria no se detuvo ahí. Entre los dirigentes apuntados por la Gestapo antisindical estuvo también el director de diario Hoy, Marcelo Balcedo, entonces secretario general del Soeme. Tal como reveló una investigación del fiscal Gerardo Pollicita en el marco de una megacausa por espionaje ilegal, Balcedo figuraba como el primer nombre en la lista de víctimas de operaciones de inteligencia ilegales, espiado desde 2014 y luego perseguido judicialmente con la llegada de Vidal al gobierno provincial.

La causa contra Medina fue finalmente declarada nula por la Cámara Federal de Casación, que encontró acreditadas las irregularidades del proceso y la falta de imparcialidad del juez interviniente. El gremialista fue sobreseído junto a otros nueve imputados.

Política, negocio y represalia

El caso de Jorge Castillo suma otra arista a la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia. Castillo administraba el complejo La Salada, el centro comercial a cielo abierto más grande de Sudamérica, con entre 7.000 y 30.000 puestos de venta según la época y una recaudación que para 2016 rondaba los 3,6 millones de dólares mensuales solo en la vía pública.

Según el propio Castillo, fue esa caja la que despertó el interés del entonces secretario de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, funcionario del gobierno de Vidal. De acuerdo con sus declaraciones, Ritondo le envió a un intermediario para acordar el manejo de los puestos de la vía pública a cambio de respaldo judicial, policial y político. Su negativa derivó en la apertura de la causa judicial. Fue detenido en junio de 2017, acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva, y permaneció preso más de dos años.

De los cuatro cargos que pesaban sobre él, tres no prosperaron. El cuarto, sobre evasión impositiva, terminó recayendo en el juzgado de Armella. La semana pasada, la Cámara Federal calificó las afirmaciones del juez como “genéricas y vagas”, insuficientes para sostener siquiera de manera indiciaria la existencia de lavado de activos.

Ese cierre conecta con otro dato revelador: el abogado defensor de Marcelo Villegas —el exministro de Trabajo de Vidal señalado como organizador de la Gestapo antisindical— es Marcelo Rochetti, quien fue jefe de Gabinete de Cristian Ritondo durante esa misma gestión provincial. Una trama en la que los mismos nombres aparecen en distintos expedientes, todos vinculados al gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Medio auto y media casa

Por otra parte, una causa por enriquecimiento ilícito que tuvo como protagonista a la exgobernadora vuelve a cobrar relevancia a partir de un hecho actual. El jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, enfrenta una investigación por ese delito en la que se analizan inconsistencias patrimoniales, propiedades no declaradas y un crecimiento de su nivel de vida que no condice con sus ingresos como funcionario. La causa tramita en el juzgado federal del juez Ariel Lijo.

Ese mismo juez y ese mismo tipo de cuestionamiento ya habían alcanzado a María Eugenia Vidal durante su gestión. En su declaración jurada como gobernadora, informó un patrimonio compuesto por la mitad de una propiedad en Castelar, el cincuenta por ciento de un Ford Mondeo producto de su divorcio, ahorros por poco más de 656.000 pesos y dos deudas. Según sus propios papeles, ese era el patrimonio de quien conducía la provincia más poblada del país.

Años más tarde se conoció que había adquirido un departamento en Recoleta valuado en 340.000 dólares, días después de presentar una declaración jurada en la que informaba un patrimonio neto de 95.000 dólares. La explicación que ofreció fue que había financiado la compra con lo obtenido de su divorcio —la mitad de la casa y la mitad del auto de siempre— más una hipoteca a diez años. La causa por enriquecimiento ilícito terminó con el sobreseimiento dictado por Lijo, con el argumento de que su capacidad económica, complementada por el crédito hipotecario, le permitía sostener esa adquisición. El fiscal no apeló, y el archivo quedó firme en marzo de 2025.

Las distintas causas —la Gestapo antisindical, el Rey de la Salada, las persecuciones a dirigentes sindicales, las declaraciones juradas de inconsistentes— no responden a un “azar judicial”. Son el retrato de una gestión que combinó la persecución con la protección de los propios, que utilizó el Poder Judicial como herramienta ofensiva y como escudo defensivo según las necesidades del momento.

Ese es el legado que dejó la gobernación de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y cada tanto, la actualidad se encarga de recordarlo.