Muerte de Emilia: Piqué podría quedar más complicado

La defensa de la familia de la joven que falleció en la fiesta clandestina solicitó que se sume una serie de pruebas que dejaría en evidencia la culpabilidad del exsecretario de Seguridad y actual asesor del intendente Julio Garro. Está imputado por incumplimiento en el deber de funcionario público y es inminente el pedido de elevación a juicio

En el marco de la investigación por la muerte de la estudiante de Periodismo, Emilia Uscamayta Curí, en una fiesta clandestina realizada el 1º de enero del año pasado, por la que irá a juicio oral el actual asesor del intendente Julio Garro, Daniel Piqué, la defensa de la familia de la víctima pidió más medidas que podrían comprometer a los imputados.

Al momento de la muerte por ahogamiento de Emilia, Piqué era el secretario de Seguridad de la capital provincial y ahora es inminente su enjuiciamiento. La causa la encabeza el fiscal Álvaro Garganta y tiene nueve imputados y, aunque en principio había sido caratulada como homicidio culposo y desobediencia, el fiscal analiza cambiar la tipificación del delito a “homicidio con dolo eventual”.

El exsecretario de Seguridad está imputado por incumplimiento en el deber de funcionario público, ya que en la instrucción se habría podido demostrar con varias pruebas, entre ellas un intercambio de WhatsApp, que ordenó “levantar” la custodia frente a la quinta en la que se iba a desarrollar una fiesta clandestina en 520 entre 159 y 160. 

También fue clave la declaración del subsecretario de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, Roberto Di Grazia, quien aportó copias de las actuaciones realizadas desde su área, en las que pidió colaboración para que el evento no se llevara a cabo.

El representante legal de la familia de Emilia Uscamayta, el letrado Adrián Rodríguez Antinao, le dijo a diario Hoy que “pedimos que se incorpore como prueba el libro de guardia del Hospital de Romero, porque ahí consta si la víctima entró con o sin vida, y que se cite a declarar al médico que la atendió”.

Además, solicitaron el resguardo de las comunicaciones de Facebook porque están hechas bajo legislación extranjera. “Cuando alguien baja una cuenta, a los dos meses se borran los datos. En el marco de una investigación penal, se le puede pedir al juez y al fiscal que se resguarde esa información, y entonces ellos mandan un exhorto a nivel internacional para que colaboren con la Justicia”, explicó Rodríguez Antinao. 

Es que para el abogado, uno de los organizadores de la fiesta clandestina, Raúl “El Peque” García, usó las redes sociales para dar indicaciones sobre lo que tenían que decir los que asistieron al evento, para evitar complicaciones judiciales. “Si tenemos conocimiento de eso que dijo ahí podemos tener también indicio de la responsabilidad. Lo que hay que hacer es reconstruir lo mejor posible”, detalló el letrado. 

El testimonio del delegado municipal

En tanto, aparentemente, luego de la fiesta realizada en Melchor Romero en la que murió Emilia,  llegó otro chico con problemas de ahogamiento al Hospital Romero. Al menos eso habría dicho el delegado municipal que fue a ver qué era lo que había pasado con Emilia y le habrían mencionado: “Ya es el segundo caso, el otro pudo sobrevivir”.

Respecto a los organizadores de la fiesta clandestina, Rodríguez Antinao recordó que “hay una normativa que dice que se tiene que garantizar la vida de las personas en un evento, más si hay una pileta de natación. Le podría haber tocado a cualquiera. No había ningún tipo de control”. 

Los familiares de Emilia pidieron también, mediante un oficio, que se incorpore como prueba a la causa el listado de llamadas entrantes a la línea municipal de reclamos (0800-999-5959) en el período que incluye del 15 de diciembre de 2015 al 1º de enero de 2016. Con eso buscan sumar elementos contra Piqué, ya que se estima que serían muchas las denuncias en momentos previos a la fiesta clandestina. 

Un desplazamiento a medias

Los imputados por la muerte de Emilia Uscamayta Curí son: el dueño de la quinta donde se produjo el hecho, Carlos Bellone; el militante del PRO Raúl “El Peque” García; el empresario Santiago Piedrabuena, y el relacionista público Gastón Haramboure, detenido por una condena de 2009 por la muerte de un joven en un boliche de Berisso.

En tanto, los otros implicados son funcionarios municipales: Néstor Galarraga (Inspecciones), Walter Etchevest  (Tránsito), Emanuel Reyes (Control y Fiscalización), Gerardo Gioglio (exdirector de Nocturnidad) y Daniel Piqué (exsecretario de Seguridad). 

Ni bien se conoció en diciembre pasado que Piqué había quedado procesado, el intendente Julio Garro anunció su desplazamiento como secretario de Seguridad, pero se trató de una “cortina de humo”, ya que el excomisario sigue en relación de dependencia con la administración municipal y se sospecha que maneja desde las sombras el área que antes conducía de manera formal.

Esta situación viola la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 246 establece claramente que cualquier funcionario imputado por la Justicia inmediatamente debe ser suspendido de su cargo y no puede tener relación con la función pública.