“No los vi tan indignados con el bochorno de los chats”

El reclamo a Juntos lo hizo la diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Gaillard, luego de que legisladores del bloque opositor cuestionaran el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que actualmente se encuentra tratando el proceso iniciado para investigar el accionar de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La presidenta de la Comisión respondió a los diputados Juan Manuel López y a Silvia Lospennato. En primer lugar, López planteó una cuestión de privilegio “contra la mayoría automática de la Comisión de Juicio Político, contra los 16 diputados del Frente de Todos que han integrado la Comisión en las últimas reuniones y que han votado cada una de sus resoluciones en absoluta soledad”. El diputado hizo referencia a supuestas “ilegalidades” cometidas en la Comisión.

Por otro lado, Lospennato también pidió una cuestión de privilegio por “la responsabilidad internacional en la que va a incurrir el Estado argentino por la violación de múltiples tratados de derechos humanos que ha suscripto nuestro país”.

Gaillard respondió a los legisladores opositores que las reuniones de la Comisión que preside “fueron a la luz del día, fueron públicas, todas las reuniones están grabadas y registradas en la versión taquigráfica”.

También dio garantía en su carácter de titular del órgano que “garantiza” el funcionamiento acorde “no solo a la Constitución sino al reglamento de la Cámara y el reglamento interno de esa comisión que regula el procedimiento”.

La diputada del oficialismo acusó a Lospennato de mentir al afirmar que “se produjo prueba que requería intervención judicial sin ella”. “Es falso, a la fecha 23 de febrero no había un solo oficio enviado a las reparticiones respecto al cruce de llamadas que requiera autorización judicial. Le pido que no mienta, eso es abstracto”, explicó Gaillard.

“Lo que se está investigando es si hay independencia o no en el Poder Judicial”, dijo la legisladora y aseguró que “los denunciados van a ser citados para ejercer su derecho a defensa, una vez producida toda la prueba para que puedan realizar su descargo, ya sea presencial o por escrito, con lo cual acá se han cumplimentado todas las garantías procesales”.

Y luego enfatizó: “No los vi tan indignados con el bochorno de los chats que se filtraron en diciembre donde se hablaba de arreglar fallos”. Gaillard se refiere a las conversaciones que se filtraron y que pertenecen al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, funcionario del Máximo Tribunal, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

“Nosotros queremos esclarecer la verdad, no queremos encubrir a nadie”, aseveró la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja.

Tras la aprobación de la admisibilidad del proceso contra los integrantes de la Corte Suprema, la semana pasada la Comisión de Juicio Político realizó la primera de las audiencias, en las que se recibieron testimonios de jueces y funcionarios judiciales, entre ellos los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata), y se resolvió citar al fiscal federal Carlos Stornelli, en un paso fundamental para la sustanciación del proceso impulsado por el Presidente y una docena de gobernadores.

Stornelli todavía evalúa una presentación por escrito y duda de estar facultado para declarar, por la naturaleza de sus funciones y las obligaciones de confidencialidad. Sin embargo, sería contradictorio con lo sucedido tanto con Ramos como con Ramos Padilla.