Esta semana tuvieron lugar dos novedades que amplían el campo de los juicios por crímenes horrendos del pasado reciente, y no tanto. Se iniciaron las audiencias por la masacre de Napalpí, y también se puso en marcha el trámite por los secuestros y torturas a personas travestis y trans.
23/04/2022 - 00:00hs
A casi cuatro décadas del fin de la sangrienta dictadura cívico-militar que se inició en 1976, y que marcó uno de los períodos más negros de nuestra historia, los juicios en que se busca esclarecer los horrores cometidos en ese pasado reciente ya son parte de la agenda: cada semana se realizan audiencias en distintos juzgados del país para dilucidar las responsabilidades en secuestros, torturas y asesinatos cometidos por el régimen en Banfield, en Quilmes, en Mendoza, en Córdoba, en Campo de Mayo, entre otros.
En este panorama es poco lo que ocurre de novedoso, a medida que se suman testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos ya por todos conocidas en sus rasgos generales. Sin embargo, esta semana tuvieron lugar dos hechos que amplían y actualizan la agenda de las causas relativas a crímenes de lesa humanidad. Se trata de las que se abrieron por la masacre de 500 indígenas en 1924, por una parte; y, por la otra, en razón de las vejaciones y asesinatos que tuvieron como víctimas a personas de la comunidad travesti y trans.
En ambos casos se trata de expedientes activados en base a testimonios de mujeres que fueron protagonistas de los hechos. Rosa Grilo, que tiene más de un siglo de vida, es testigo de la masacre de Napalpí, ocurrida hace 98 años en el Chaco. Y Valeria del Mar Ramírez fue la primera persona trans que se convirtió en querellante y que logró, ahora, que un juez federal procesara a varias personas, entre ellas el siniestro expolicía Miguel Etchecolatz, por los crímenes cometidos contra miembros de las diversidades sexuales.
Son juicios que actualizan la concepción que tenemos sobre los derechos humanos, porque traen al primer plano cuestiones que estaban ahí, pero a las que no les prestábamos atención. Una masacre olvidada, otra subsumida en el marco de un esquema generalizado de persecución y exterminio; ambas ponen de relieve a dos colectivos con que en distintas épocas se ensañó el aparato represivo.
“Una reparación simbólica”
El 19 de julio de 1924, en Chaco, medio millar de indígenas qom y moqoit fueron asesinados a tiros y golpes de machete. Durante mucho tiempo se aceptó la versión oficial de que esa jornada sanguinaria fue el producto de un enfrentamiento entre las dos tribus; ahora queda claro que fue la policía la que los masacró luego de que se negaran a trabajar en condiciones de esclavitud. Utilizaron un avión para ametrallarlos desde el aire. A los sobrevivientes los persiguieron durante meses. Rosa Grilo es una de las poquísimas personas que recuerdan aquello; aparte de ella, solo quedan vivos un puñado de víctimas y ninguno de los victimarios.
Pero ahora, en Resistencia, se está llevando a cabo un juicio para determinar la verdad de lo ocurrido, aunque los responsables ya jamás puedan ser castigados. Es el primer juicio en América Latina en que se dirimen las responsabilidades por una matanza de indígenas. “El objetivo es que las víctimas tengan derecho a la verdad”, dijo el fiscal Diego Vigay, que también considera que el juicio proveerá “una reparación simbólica”.
El Tribunal tiene previsto escuchar a medio centenar de testigos, entre los que hay sobrevivientes como Grilo, familiares de víctimas de la masacre e investigadores que estudiaron lo acontecido. Es fundamental el aporte del Equipo Argentino de Antropología Forense, que halló rastros de una de las víctimas, pero no (aún) la fosa común en la que se dice que se encuentran los centenares de indígenas asesinados.
Una vertiente soslayada
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires la Justicia federal se apronta a iniciar un nuevo juicio con una perspectiva que hasta ahora había sido soslayada en la investigación de los crímenes de lesa humanidad: la persecución a personas travestis y transgénero en razón de esa condición. También en este caso se trata de un proceso inédito, que abre nuevas posibilidades en la cuestión del juzgamiento de los responsables de la represión ilegal.
Entre los acusados está Miguel Etchecolatz, ex titular del área de Inteligencia de la tristemente célebre Policía bonaerense al mando de Ramón Camps, y ya condenado en varios juicios por crímenes aberrantes durante la última dictadura. Pero ahora será juzgado específicamente por el ensañamiento con personas de diversidades sexuales.
El magistrado hizo notar la ausencia de esta perspectiva en los juicios de lesa humanidad que se han llevado a cabo hasta la fecha: en los centros clandestinos de detención que operaba la Policía “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad”, explicó. En la búsqueda de la verdad y la justicia frente a los crímenes del pasado pueden aparecer, a veces, perspectivas nuevas, o recuperarse causas que parecían enterradas. Es lo que ha sucedido en estas dos últimas semanas, respecto de hechos muy distantes en el tiempo, pero que presentan el rasgo común del ensañamiento con grupos considerados anómalos u odiosos por la mentalidad policial de la época. Y en ese sentido, es posible que estos juicios nos digan, también, algo sobre nuestro presente.