Paro y movilización contra el ajuste en Discapacidad

Este jueves, una multitud se concentró frente al Congreso Nacional para exigir la sanción urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que busca resguardar los derechos esenciales de millones de personas. La movilización fue encabezada por organizaciones sociales, prestadores de servicios, familias y personas autoconvocadas.

El proyecto legislativo propone medidas concretas como el acceso garantizado a prestaciones de salud, educación y trabajo, continuidad de pensiones no contributivas y un régimen de protección social que contemple la realidad del sector. Asimismo, busca impulsar mecanismos para que se cumpla con el cupo laboral para personas con discapacidad, y atender la crítica situación de los prestadores, que denuncian aranceles congelados y pagos atrasados desde hace meses.

Una crisis que atraviesa el país

Mientras en Buenos Aires la protesta se convirtió en una masiva vigilia frente al Congreso, se replicaron actos en Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe, Río Cuarto, Neuquén y otras ciudades. La consigna fue contundente: visibilizar la crisis del sistema del sector, profundizada por el brutal ajuste del Gobierno libertario.

Con este marco, las organizaciones apuntaron directamente al vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que bajo esta gestión perdió autonomía y peso institucional al ser degradada al rango de dependencia del Ministerio de Salud. “No hay políticas públicas, solo auditorías que recortan derechos y excluyen cada vez más”, denunciaron. Además, alertaron sobre la revisión masiva de Pensiones No Contributivas, que antes eran otorgadas por vía administrativa y hoy están bajo amenaza constante.

Durante la movilización también se llevó a cabo un paro nacional del sector, acompañado de actos culturales, intervenciones artísticas y lecturas públicas. Familias, pacientes y profesionales denunciaron las consecuencias del desfinanciamiento: pagos atrasados, aranceles desactualizados, falta de insumos, trabas burocráticas para acceder a medicamentos y normativas regresivas que afectan derechos adquiridos.

El Estado ausente

Uno de los puntos más duros del reclamo fue el documento leído frente al Congreso, donde el sector denunció “la avanzada eugenésica de un Gobierno que considera a las personas con discapacidad un gasto prescindible”. “No estamos pidiendo privilegios, exigimos derechos”, concluye el comunicado.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei, manifestó su rechazo al proyecto por su supuesto impacto fiscal, aunque no presentó ninguna alternativa concreta para atender la situación. Mientras tanto, crece el malestar entre quienes deben batallar a diario con la desprotección, la indiferencia institucional y un modelo que prioriza la motosierra por sobre la inclusión.

Así, lejos de tratarse de un reclamo sectorial, lo que se expresó en las calles fue una interpelación directa al modelo de país que propone el oficialismo. Porque cuando se recortan derechos a los más vulnerables no se equilibra el gasto público, solo se profundiza la desigualdad.