Piden indagar a Javier Iguacel por armar causas

El fiscal federal Federico Delgado solicitó que quien fue titular de la Dirección de Vialidad Nacional durante el gobierno de Juntos por el Cambio, Javier Iguacel, sea citado a prestar declaración indagatoria. El ­funcionario está acusado de haber armado una causa falsa contra exfuncionarios kirchneristas vinculada a la construcción de la Autopista ­Presidente Perón.

Delgado presentó el requerimiento ante el Juzgado Federal 6, que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, y alcanza también a otros exfuncionarios de Vialidad que, según la fiscalía, habrían incurrido en los delitos de abuso de ­autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El dictamen, presentado el pasado 23 de octubre pero que se conoció ayer, sostiene que las de­nuncias presentadas en su momento por la Oficina Anticorrupción, con información suministrada por Vialidad Nacional, contra los exfuncionarios kirchneristas se hicieron con documentación intencionalmente recortada por la cuñada de Iguacel, Agustina Morán, durante su paso por esa dirección durante el gobierno de Cambiemos.

Además, se detalla que, durante la gestión de Mauricio Macri, Vialidad recurrió, en algunas oportunidades, a los mismos procedimientos de relocalización de vecinos para permitir el trazado de una autopista que antes Iguacel había denunciado como irregular.

“Alcanza con confrontar la denuncia efectuada en la causa madre y los términos de la resolución 1.197/17 para afirmar que las mismas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad que detectaron e impulsaron la denuncia por irregularidades en el dictado de las resoluciones 1.649/12, 3.076/12 y 1.030/15 luego utilizaron esas mismas herramientas legales y argumentos para sortear los inconvenientes de relocalización que presentaban los habitantes de las zonas a expropiar”, enfatizó el fiscal.

Por esos motivos, Federico Delgado sostuvo que la denuncia presentada por Iguacel en su momento “fue teñir la actuación de sus antecesores en el cargo con un manto de ilegalidad que no era tal”.

“La fiscalía considera que se encuentran reunidos los elementos de prueba necesarios para considerar que el ingeniero Javier Iguacel, como administrador general de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, en su carácter de jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos, y Diego Martínez, como responsable de la Unidad Ética y Transparencia, y la Dra. Agustina Morán, todos ellos funcionarios de la DNV, habrían incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, sostuvo Delgado en su dictamen.

Este expediente surge de uno anterior iniciado luego de que Iguacel denunciara ante la OA que los anteriores funcionarios de la DNV, entre ellos su extitular Nelson Periotti y Claudio y Manuel Keumurdji, habían firmado resoluciones irregulares entre los años 2012 y 2015 vinculadas con la construcción de la Autopista ­Presidente Perón, entre las que había alguna relacionada a la relocalización de vecinos de Ezeiza que ocupaban parte del terreno por donde iba a pasar la traza del camino.

La resolución 1.649/12 aprobó un procedimiento general para la tramitación y gestión de aquellos “casos de titulares de terrenos con títulos imperfectos, contemplando el pago de indemnizaciones a los poseedores acreditados mediante una ficha censal, información sumaria y la suscripción de un convenio de cesión onerosa de posesión de inmueble a favor de la DNV”, según se recordó en el dictamen.

La denuncia del exfuncionario

La denuncia que luego formuló la Oficina Anticorrupción, conducida por Laura Alonso, recayó en el juzgado que estaba todavía a cargo de Claudio Bonadio (ya fallecido), quien, tras una serie de medidas de prueba, procesó a 7 de los 14 denunciados.

Los principales elementos tomados en cuenta por Bonadio para formular estos procesamientos fueron la denuncia, la declaración testimonial de Stoddart y un informe de Martínez.
Sin embargo, los procesamientos dispuestos por el magistrado fueron revocados en septiembre de 2019 por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que dictó la falta de mérito para los acusados.

La Cámara señaló que los denunciados habían recurrido al dictado de “una normativa con el fin de llenar un vacío legal: el caso de los ocupantes sin título”, y que ello “no contradice lo establecido en la ley de Expropiación, sino que lo complementa, en tanto se regularon casos que no habían sido contemplados”.

Al pedir las indagatorias, el fiscal Delgado consideró, además, “que los comportamientos llevados a cabo por Ricardo Stoddart, en su carácter de jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos, y Diego Martínez, como responsable de la Unidad Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad, encuentran recepción jurídica en el delito de falso testimonio”.