Piden que se suspenda la audiencia pública por el aumento del agua

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó ante la Justicia un reclamo para que se suspenda la audiencia pública prevista para este viernes, que tiene como fin determinar el aumento del agua, y exigió que la Provincia se ajuste a la ley antes de disponer cualquier tipo de incremento en el servicio.

En ese sentido, el titular del organismo, Guido Lorenzino, explicó a diario Hoy las razones de la impugnación: “En primer lugar, por la suba de tarifas que ya ha habido no es necesario un nuevo aumento. Porque ese incremento no se ha reflejado en nuevas obras y porque hay localidades de la Provincia que no tienen servicio de agua como el Gran La Plata, Bahía Blanca o Pehuajó. Con lo cual nos parece que no es oportuno convocar a una audiencia pública para una nueva suba”.

“En segundo lugar, no corresponde porque la gente no resiste más nuevos aumentos, nos parece que son absolutamente irracionales y desproporcionados, sobre todo en un servicio que no se presta eficientemente”, afirmó y remarcó: “Esperamos que la Justicia falle antes de la audiencia y esté a la altura de las circunstancias, ya que necesitamos que atienda nuestro reclamo a favor de los bonaerenses que vienen sufriendo desde hace tiempo incrementos en todos los servicios”.

La acción de amparo del organismo recayó en el juzgado de Garantías nº 2 de La Plata, a cargo de Jorge Moya Panisello, y apunta a que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos deje sin efecto la convocatoria prevista para el 2 de febrero en el Colegio de Abogados de La Plata.

Lorenzino señaló a su vez que la Provincia “no informó en detalle sobre la suba, no realizó un análisis técnico y económico previo respecto de los argumentos que sustentan el pedido del aumento, y el Ocaba, organismo de control que convocó la audiencia y que tenía representación de los usuarios entre su directorio, fue disuelto y reemplazado por la Autoridad del Agua (ADA), que en su estructura no tiene este tipo de participación”.

Cabe recordar que, como informó este diario a fines de diciembre, la Provincia planea incrementar el precio del metro cúbico de agua en un 40% promedio, por lo que pasaría de valer $5,74 a costar $8,03. Esto significará una suba de entre $140 y $400 para las tarifas del 75% de los usuarios. El aumento anterior de la empresa había sido autorizado en junio del año pasado, superando el 140%. 

El defensor del pueblo aclaró que si la Justicia no hace lugar al pedido “vamos a ir a la audiencia pública y después vamos a impugnarla judicialmente pidiendo la nulidad del incremento”.

“La tarifa está entre las más altas del país”

En torno al futuro aumento de la tarifa de agua en la Provincia, el titular de la Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, en diálogo con Hoy señaló: “La tarifa de ABSA está entre las más altas del país y el servicio es deficiente en toda la Provincia. Nunca los gobiernos bonaerenses invirtieron lo que necesita la Provincia para tener un sistema de agua y cloacas como corresponde”.

Además, agregó: “Este aumento es una nueva afectación al bolsillo de los usuarios, que no va a significar otra cosa que ingresos para la empresa. El problema es que este tipo de subas en los servicios tiene como consecuencia la disminución del consumo”.

A su vez, explicó que las audiencias públicas “son instancias de participación ciudadana de mucha trascendencia. Tienen que servir para que la autoridad de aplicación tome en cuenta las opiniones que se vierten en la misma y pueda modificar la idea original de un aumento de tarifas”.

Sin embargo, remarcó: “Lamentablemente tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal, las audiencias se han transformado en un mero trámite administrativo convocado por las autoridades de aplicación, en este caso del servicio de agua y cloacas, para cumplir una formalidad y luego se terminan aplicando los cuadros tarifarios que se venían proponiendo en las mismas condiciones en que se plantearon. Así, las audiencias públicas pierden toda legitimidad y trascendencia”.