Provincia y Nación vuelven a enfrentarse en la Corte Suprema

La administración bonaerense espera que el Gobierno nacional presente una oferta concreta para cancelar los fondos reclamados por la caja jubilatoria.

La disputa entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional por los fondos destinados al financiamiento del sistema previsional bonaerense tendrá este miércoles un nuevo capítulo en la Corte Suprema. La expectativa de la administración de Axel Kicillof está puesta en que Nación presente una propuesta concreta para comenzar a saldar una deuda estimada en $2,2 billones.

Cabe señalar que, desde el Gobierno bonaerense sostienen que durante la última audiencia quedó establecido que los representantes nacionales debían concurrir a esta nueva reunión con una alternativa específica respecto de los montos a reconocer y el mecanismo para efectuar los pagos. Por ese motivo, el encuentro es observado como una instancia clave para determinar si existe voluntad de avanzar hacia una solución.

Un reclamo que acumula años

La administración de Kicillof afirma que los incumplimientos se arrastran desde 2020 y asegura que durante 2024 no recibió desembolsos vinculados a este concepto. El planteo se apoya en el régimen de compensaciones previsto para aquellas provincias que decidieron conservar sus sistemas jubilatorios propios, en lugar de transferirlos a la órbita nacional.

Según explican desde el Ejecutivo provincial, el cálculo de esos recursos surge de estimaciones que comparan las prestaciones provinciales con las que corresponderían dentro del régimen nacional. Nación, por su parte, sostiene que esos procesos de control aún no concluyeron, una diferencia de criterios que se encuentra en el centro de la controversia judicial.

Una disputa más amplia por fondos

La demanda por la caja previsional fue presentada durante 2024 y forma parte de una serie de reclamos que Provincia mantiene contra la gestión de Javier Milei por recursos que fueron suspendidos o eliminados.

De acuerdo con cifras oficiales bonaerenses, los litigios abiertos contra el Estado nacional superan en conjunto los $15 billones. Entre ellos figuran disputas por fondos destinados al financiamiento del transporte, programas educativos y partidas de fortalecimiento fiscal.

En este contexto, la audiencia no solo pondrá a prueba la voluntad de Nación de reconocer una deuda millonaria, también marcará si el Gobierno de Javier Milei está dispuesto a abandonar la estrategia de dilatar los tiempos y asumir las responsabilidades que la ley ya le impone.

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