Arias cargó contra Garro: “Si no tiene nada que ocultar podría venir perfectamente a dar sus explicaciones”
El edil del Frente de Todos pidió que el intendente se presente en el Concejo a explicar su participación en la mesa judicial empresarial
Desde su creación se han establecido diferentes posiciones con respecto a quién debería tener a su cargo el manejo de esta fuerza. Ahora son algunos jefes comunales de Juntos los que presionan para poder tomar la conducción, pese a que durante la gestión de María Eugenia Vidal el entonces ministro Cristian Ritondo no acompañó esta propuesta.
13/03/2022 - 00:00hs
En el año 2014, un proyecto presentado por el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli (cuando Alejandro Granados era ministro de Seguridad) proponía la independencia de la Policía Local. En ese momento, la iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero se trabó en el Senado por la feroz interna que mantenían el Frente Renovador y el Frente para la Victoria.
Scioli decidió entonces crearla por decreto, aunque esas fuerzas, las que patrullan hoy en los municipios, distan mucho de lo que planteaba el proyecto, ya que tanto la conducción como el financiamiento están bajo el ala de la Provincia.
Según aquella norma inicial, las Policías locales funcionan en los municipios que poseen más de 70.000 habitantes y tienen por misión “la prevención de delitos y contravenciones, actuando con características de Policía de proximidad, coordinando su actuación con los municipios y demás unidades policiales”.
Se trata de una institución que contempla la participación del municipio en la definición de las políticas de seguridad, y en las decisiones que conciernen a su comuna.
El control, ¿en manos de quién?
En los últimos días se reanudó justamente el debate en torno a quiénes deberían tener el control de dicha fuerza. También tomó protagonismo el reclamo de algunos intendentes de Juntos para que quienes posean este cargo sean los encargados de conducir esta Policía y administrar entonces los recursos destinados. Sin embargo, el debate ya tuvo otro capítulo en 2016, cuando el ministro de Seguridad bonaerense era Cristian Ritondo: un grupo de intendentes del Frente de Todos y del Partido Justicialista tradicional, después de un cónclave, remarcó la necesidad de los municipios de contar con mayores recursos financieros para destinar a la mantención de los patrulleros, el combustible y las locaciones.
En ese entonces, a pesar de que todos resaltaron los beneficios de contar con una fuerza de seguridad municipal, algunos intendentes también recordaron que la Policía Local nació por un decreto del exgobernador Scioli, ya que el Parlamento provincial no lograba aprobar dicha Ley, y por eso esa fuerza se implementó a través de convenios con la Provincia.
“Queremos una Ley que garantice y regule la actividad de la Policía Local”, reclamó la mayoría de los líderes municipales presentes en aquel entonces, quienes buscaron continuar con las negociaciones con otros sectores de la oposición, lo cual finalmente no avanzó.
De hecho, el propio Ritondo había asegurado que “la Policía local no puede ser un ejército de los intendentes al servicio de negocios espurios”.
Ahora, los papeles se invierten y son los alcaldes de Juntos los que comenzaron a hacer fuerza por el traspaso de la Policía Local. El intendente de La Plata, Julio Garro, fue quien, en la apertura de las sesiones legislativas en el Concejo Deliberante local, reclamó en ese sentido.
“Le pedimos a la Provincia que traspase la Policía Local a los municipios y que seamos nosotros, los intendentes, quienes pensemos y planifiquemos la prevención del delito en cada barrio. Porque, en definitiva, somos nosotros los que estamos en el territorio, cerca de la gente, y sabemos lo que pasa en cada punto de nuestras ciudades. No tener el control de esta fuerza dificulta la lucha contra el delito. Los intendentes necesitamos tomar la posta, asumir una responsabilidad mayor y manejar la Policía Local en nuestros municipios. Y este tema no puede esperar más”, manifestó.
Con Garro y su par de Lanús, Néstor Grindetti, a la cabeza, los intendentes del PRO vienen presionando para avanzar con el traspaso de la fuerza a la órbita municipal. Días atrás gestaron una foto política con legisladores que les responden y con funcionarios de seguridad local. Lo que sigue es la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que formalice el traspaso.
En este marco cabe también apuntar lo que fue la visita del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, junto al gobernador Axel Kicillof, a San Nicolás, donde tuvieron un cruce con el jefe comunal Manuel Passaglia, quien les solicitó justamente el traspaso de la Policía. “El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, desconoce cuántos patrulleros hay en San Nicolás recorriendo las calles, que son 44: 14 de la Policía Bonaerense y 30 de la Policía Local, ambas fuerzas que dependen de su Ministerio”, disparó Passaglia.
Además, el intendente (opositor a la gestión bonaerense) dijo estar “preocupado” por el “desconocimiento y la prepotencia del ministro de Seguridad”, y añadió que se sintió “atacado” por “contar lo que está pasando”.
También aseguró: “Si el ministro no quiere o no puede hacerse cargo de la seguridad, que nos transfiera las herramientas a los municipios, ya que nosotros queremos darles respuestas a nuestros vecinos en este tema tan importante”.
Soluciones de fondo
Casi al mismo tiempo que los jefes comunales de Juntos comenzaron a presionar públicamente con el traspaso de las Policías locales, durante la apertura de sesiones en la Provincia, el gobernador recogió el guante y envió un mensaje a los intendentes al hablar de la agenda en seguridad. Kicillof dijo que se puso en marcha “una inversión histórica para fortalecer a la Policía Bonaerense” y agregó: “No ocultamos los problemas, y junto a los 135 intendentes damos los pasos necesarios para buscar soluciones de fondo”.
Hasta el momento la decisión del ministro de Seguridad bonaerense ha sido la de tener un mayor control de la fuerza policial, un control vertical, para lo cual eliminó las 33 jefaturas departamentales y las 70 jefaturas distritales. Todos los comandos pasaron a depender de las nuevas “estaciones policiales”.
En ese sentido, a los intendentes se les aseguró la participación en una mesa de diálogo y la posibilidad de proponer un postulante para la jefatura de la estación policial de su distrito, pero en el devenir de la gestión, con la pandemia en el medio, ese trabajo fue esfumándose. Otras veces las diferencias políticas dificultaron el funcionamiento de esa mesa.