Rosenkrantz convocó a un acuerdo para tratar los casos de jueces suspendidos

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a un “acuerdo extraordinario” para el próximo martes con el propósito de tratar los recursos presentados por los magistrados con sus traslados revocados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

Rosenkrantz les anticipó en reunión virtual al resto de los ministros que enviaría la convocatoria para tratar los recursos extraordinarios de los jueces, invocando las atribuciones que le confiere el reglamento de la Justicia nacional para convocar reuniones de acuerdo fuera de agenda.

Bertuzzi, Bruglia y Castelli tienen radicados en la Corte recursos extraordinarios que buscan retrotraer la suspensión de sus traslados decidida por el Senado, en base a que no obtuvieron el acuerdo que marca la Constitución para avalar las designaciones de jueces federales.

Estos magistrados también plantearon amparos ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, que primeramente fueron rechazados y ahora se encuentran para definirse en segunda instancia.

El presidente del tribunal, que asumió esa función en octubre de 2018, anticipó a sus colegas en la reunión virtual de ayer por la mañana que convocaría a un “acuerdo extraordinario”, como parte de la facultad que le confiere el reglamento de la Justicia nacional. En su ­artículo 71, señala, sin posibilidad de interpretaciones, que “la Corte Suprema podrá también reunirse en acuerdos extraordinarios en días hábiles o feriados cuando fuera convocada por el presidente o lo dispusiera la mayoría del ­tribunal”.

Luego de la reunión virtual, Rosenkrantz oficializó la convocatoria vía correo al resto del tribunal y formuló declaraciones a los diarios Clarín y La Nación.

“La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados”, sostuvo a Clarín.

Y continuó: “Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”.

A fines de julio, el Consejo de la Magistratura aprobó solicitar al Senado que revisara los traslados de diez jueces, en base a un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien chequeó todos los pases realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió asimetrías e irregularidades manifiestas.

La comisión de Acuerdos del Senado convocó a los magistrados cuyo nombramiento debía revisarse, pero Bruglia, Bertuzzi y Castelli prefirieron no asistir e iniciar una campaña pública para quedarse en los tribunales a los que fueron trasladados por decretos del expresidente Mauricio Macri.

Simultáneamente, presentaron amparos ante el fuero Contencioso Administrativo y recurrieron a la Corte pidiendo que interviniera por per saltum y dejara sin efecto la decisión del Consejo de la Magistratura y del Senado.

La jueza que entendió en el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi, María Alejandra Biotti, rechazó la pretensión al entender que “no se observa la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requerida para la procedencia de la vía del amparo, ya que no son atendibles los cuestionamientos de los coactores relativos a la afectación de sus derechos en este proceso”.

Con la decisión del Senado, Bertuzzi debe volver al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, dejando así la Sala I de la Cámara Federal porteña, en el caso de Bruglia y Bertuzzi, y el Tribunal Oral Federal 7, en el caso de Castelli.

Hasta aquí, la Corte no había dado muestras de tener entre sus prioridades el tratamiento de la situación de los tres jueces, ya que no había definido el per saltum ni tratado los recursos extraordinarios y, por el contrario, había delegado en la Cámara Federal de Casación Penal, superiores inmediatos de los tres magistrados, los pormenores de la suspensión de los traslados.