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Este lunes dirigentes sociales, políticos, funcionarios y representantes de organismos de Derechos Humanos brindaron una conferencia de prensa para pedir la liberación de la líder de la Túpac Amaru. Los protagonistas hablaron con diario Hoy y Red 92.
17/01/2023 - 00:00hs
En el día de ayer, en la sede porteña de ATE, distintos actores sociales y políticos se congregaron para reiterar el pedido de liberación de Milagro Sala, al cumplirse siete años de su detención.
Allí estuvieron presentes los titulares de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Naddeo y Eduardo Tavani; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky; Gloria Beatriz Chávez, integrante de la Organización Barrial Túpac Amaru y delegada de la copa de leche, entre otros dirigentes.
“Volvimos a insistir en el estado de injusticia que vive la provincia de Jujuy desde la asunción de Gerardo Morales y que la vulneración de derechos de todo el proceso judicial que ha sufrido la Túpac Amaru en Jujuy, y particularmente los compañeros y compañeras detenidos desde el 16 de enero de 2016 constituyen una violación de los Derechos Humanos que debe ser respondida por el Estado nacional”, dijo durante su exposición la vicepresidenta de la APDH, María Elena Naddeo.
En diálogo con diario Hoy y Red 92, el presidente de la APDH, Eduardo Tavani dijo que “entendimos que desde el primer día que había hostigamiento, persecución y criminalización para con una dirigente que había logrado que se le reconocieran derechos a los más vulnerados de su tierra”.
Tavani también denunció que “la perversidad y la ilegalidad se han expresado como un elemento constitutivo de la política jujeña y que eso además se trasladó a lo ancho y a lo largo del país”, y se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que derivó en el juicio político a sus miembros.
El dirigente también confirmó que la semana que viene mantendrán una reunión con el presidente Alberto Fernández.
Por otro lado, la ministra provincial Estela Díaz afirmó a este medio que “hay un compromiso, y una comisión trabajando para un indulto” ya que se da una “constante vulneración de sus derechos”.
Díaz dijo que “siete años es una inmensidad y es más duro con un gobierno popular al frente que asumió este compromiso incluso como parte de la campaña”.
Además enfatizó: “El laboratorio extremo del uso del Poder Judicial para perseguir a líderes opositores políticos se consumó en Jujuy, pero eso no ha parado”. En esa línea se refirió a la causa Vialidad que terminó con la proscripción de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Es una cadena de ataque democrático que no cesa, y si no hay una fuerte decisión política de responder, nuestra democracia va a estar cada vez más atacada”, apuntó.
La ministra también habló del juicio político a la Corte y aseguró que es una herramienta que se “debería haber iniciado” a principios de la gestión de Alberto Fernández, ya que “el lawfare estaba en proceso en la Argentina, y ya Macri había construido la mesa judicial con fines políticos”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Hugo Yasky afirmó que “está muy claro que no cometió ningún delito, que no se trata de actos criminales los que justifican su prisión, sino que simplemente fue una decisión política del gobernador de la provincia de Jujuy, quien consideró que Milagro podía ser un obstáculo para el desarrollo de su gobierno”.
Denuncian el “uso político del encarcelamiento” de Sala
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el marco de los siete años desde la detención de la dirigente Milagro Sala.
Allí señalaron que desde entonces “se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización”.
“El escenario de persecución y hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica”, agregaron en el documento.
Sin embargo, no dejaron de mencionar las “situaciones de humillación pública y privada, como haber recibido notificaciones judiciales cuando estaba en la cama de un hospital durante una internación”.
"A Milagro se le abrieron 12 causas y atravesó seis debates orales y públicos. La finalidad de esta estrategia es asegurar su situación de encierro y desprestigiarla”, remarcaron.
Por último, concluyeron que “en toda la Argentina, por supuesto incluida la provincia de Jujuy, la protesta y la organización política y social son derechos. Su ejercicio nunca puede ser blanco de la persecución penal”.