Stolbizer denuncia a López por irregularidades en fondos para municipios

La denuncia nace a partir de un caso testigo, en la localidad correntina llamada Perugorría, que recibió “24 millones de pesos por obras que nunca se hicieron”.

Se trata de una presentación realizada por la diputada nacional Margarita Stolbizer en un expediente que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos e investiga el fiscal Gerardo Pollicita, vinculada a ese municipio correntino que -indicó- “puede servir para tomar real magnitud de las maniobras llevadas a cabo durante los últimos años del gobierno anterior” en relación al uso de fondos de obras públicas para “fines electorales”.

En este sentido, la diputada Stolbizer denunció que esa localidad correntina de 8.000, ubicada al sur de la provincia, en el departamento de Curuzú Cuatiá y a unos 220 kilómetros de la capital provincial, “se vio beneficiada por múltiples obras desde la secretaría que comandaba José López, que asignó un total de 24 millones de pesos por obras que nunca se hicieron”.

Además de involucrar al ex secretario de Obras Públicas -detenido el 14 de junio pasado cuando intentaba ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez-, la presentación de la diputada del GEN apunta también contra el ex intendente Jorge Corona, y su pareja y actual jefa comunal, Angelina Lesieux, ambos del Frente para la Victoria.

A todos ellos, en principio los señala como presuntos responsables de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de información que, desde el viernes, analiza el fiscal Gerardo Pollicita, a quien Ramos le delegó la investigación de este expediente, iniciado merced a una denuncia que presentara el fiscal Carlos Stornelli a partir de información incluida en el capítulo “Vivienda” del informe “El estado del Estado”, difundido en junio pasado por el gobierno nacional.

De acuerdo con documentación y pruebas recabadas por la diputada Stolbizer, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal asignó un total de 13.647.900 pesos para la construcción de 40 viviendas en el marco del Programa Techo Digno I, de las cuales -pese a que, según los registros del gobierno nacional, estas obras aparecen como supuestamente concluidas- “no se avanzó siquiera en los cimientos”.

“Las viviendas de Perugorría no se terminaron nunca; sólo la mitad tiene un avance mínimo y las obras están paradas hace meses, abandonadas cubiertas por pastos”, señala la denuncia presentada por Stolbizer.

En este sentido, advierte que “se tratan de serias irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales, que incluye falencias graves en la construcción de estas obras, desvíos millonarios de dinero público y falencias en el control por parte de las autoridades”.

Además, la denuncia afirma que lo ocurrido en Perrugoría “comparte con Sueños Compartidos y Fortalecimiento del Hábitat en Jujuy, la inadecuada rendición de cuentas y el incumplimiento de los estándares mínimos de calidad de las viviendas sociales, y siempre se perjudica a las personas más vulnerables”.

Sin embargo, la presentación de Stolbizer no sólo señala el caso del desvío de fondos para la construcción de viviendas en Perugorría sino que también denuncia una maniobra similar con dinero supuestamente destinado a la construcción de ciclovías y un puente peatonal en el distrito.

“Las viviendas de Perugorría no se terminaron nunca; sólo la mitad tiene un avance mínimo y las obras están paradas hace meses, abandonadas cubiertas por pastos”

En este sentido, asegura que “se asignó una partida de 1,8 millones de pesos para una obra que no existe”, pese a que, en los registros oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación figura que el avance de la obra era de más de un 80 por ciento.

También, consigna que otra de las obras financiadas desde el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, a través de la secretaría encabezada por José López, fue la remodelación del balneario municipal de Perugorría, a la que se le destinaron más de 3 millones de pesos para una obra que supuestamente debía durar tres meses y en la que -al igual que pasó con las viviendas y la construcción de las ciclovías y el puente peatonal- los avances en concreto fueron prácticamente nulos y, sin embargo, en los registros oficiales, la obra ya había alcanzado el 78 por ciento de su ejecución.

“La política de construcción de viviendas mediante el uso de fondos públicos anterior a diciembre de 2015 se basó en el clientelismo y el uso para fines políticos y no para la solución del problema habitacional real de los argentinos”, postula la diputada en su presentación.

Allí, advierte que “se utilizó la obra pública, y particularmente la construcción de viviendas, como una herramienta para premiar o castigar a gobernadores e intendentes”.

También, señala que “el proceso de selección de los beneficiarios, de los constructores y hasta de las provincias donde se llevaron adelante emprendimientos de viviendas sociales fue arbitrario”.

“Durante los últimos años se administraron en forma fraudulenta y arbitraria los fondos públicos que provenían del Ministerio de Planificación, a través de la Secretaría de José López”, remarca la diputada Stolbizer en el escrito que presentó el viernes en la Fiscalía a cargo de Pollicita.

En su presentación y a la luz de los hechos denunciados, la legisladora sugiere al representante del Ministerio Público Fiscal la realización de distintas medidas de prueba, entre ellas el allanamiento de la Municipalidad, con el fin de obtener “toda la documentación en relación a las obras detalladas, en particular a que cooperativas se le adjudico y medidas de control sobre las mismas”.

También, aconseja requerir al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas “la información y documentación completa en relación a las obras referenciadas en la localidad de Perugorría y las respectivas rendiciones de cuenta”.

Actualmente, José López -quien permanece detenido en el penal de Ezeiza desde hace poco más de dos meses- se encuentra procesado y bajo prisión preventiva en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas y en la que interviene el fiscal Federico Delgado.