Una nueva indagatoria para Iguacel

La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó que se cite a declaración indagatoria al exsecretario de Energía Javier Iguacel, por haber dictado en 2018 una resolución con la que había habilitado a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso, en detrimento de los usuarios.

Para la representante del Ministerio Público Fiscal, con la resolución 20, dictada el 4 de octubre de 2018, el entonces funcionario del gobierno de Cambiemos “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.

En el requerimiento que le elevó a la jueza María Servini, la fiscal Ochoa señaló que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado federal argentino, que, como garante de la prestación del servicio público, también resultó abusiva e indebidamente obligado”.

Si bien la resolución fue dejada sin efecto por el escándalo que se desató cuando Iguacel la dictó, ahora la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó que se declare su nulidad absoluta e insanable, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

La resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que se hubieren perdido de ganar las empresas por la abrupta devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Bajo la apariencia de la figura de la “compensación”, la resolución “en realidad tenía por finalidad garantizar márgenes de ganancia indebidos y exorbitantes a las empresas distribuidoras y productoras de gas –en el contexto de la devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno que integraba–, trasladando el presunto costo de la devaluación al público consumidor”, sostuvo la fiscal Ochoa.

La fiscalía emitió un dictamen de 46 páginas en el que sostuvo que, “en el plano normativo, no correspondía que dichas diferencias fueran trasladadas automáticamente al usuario, mientras que, en el plano fáctico, se acreditó que las empresas distribuidoras de gas, de modo paralelo a la formulación del reclamo compensatorio, lejos de haber sufrido un quebranto con motivo de la devaluación monetaria, habían destinado sus ingresos a la conformación de inversiones en el mercado de futuros –contratos de dólar futuro–, que maximizaron sus beneficios”.

Al dictar la resolución, la Secretaría de Energía se había basado que en la reglamentación de la ley 24.076, sancionada en 1992, cuando regía otra política monetaria, se establecía que “las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladadas a la tarifa final al usuario, de manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo ese mecanismo, en los plazos y en la periodicidad que este establezca en la correspondiente habilitación”.

Sin embargo, del expediente formado para el dictado de la resolución surge que, en su momento, el Ente Regulador de Gas (Enargas) indicó que esa norma no debía reinterpretarse a la luz de la realidad económica argentina de los últimos veinte años, para no afectar a los usuarios, en un dictamen que fue desoído por completo por la Secretaría de Energía.

La causa se inició por una denuncia del también fiscal federal Guillermo Marijuan, mientras que Iguacel, a través de abogados, ya presentó un primer descargo espontáneo en el expediente, con el objeto de señalar que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios, como había dicho públicamente.