Semana clave en el Congreso
El oficialismo enfrenta una semana decisiva con debates sobre reforma laboral y régimen penal juvenil.
El oficialismo enfrenta una semana decisiva con debates sobre reforma laboral y régimen penal juvenil.
El Gobierno nacional evalúa extender hasta el 28 de febrero las sesiones extraordinarias del Congreso para garantizar la aprobación de la reforma laboral antes del inicio del período ordinario.
La senadora de LLA defendió el proyecto y pidió modernizar la Ley Penal Juvenil en el Congreso.
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para ratificar la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que impulsa Donald Trump.
El DNU enfrenta resistencia parlamentaria y críticas por la falta de mecanismos de control.
Bloques opositores articulan con la CGT una estrategia común para resistir el avance oficialista sobre los derechos laborales.
La decisión tuvo lugar después de que este domingo fueron asesinados nueve agentes de la Policía Nacional Civil.
El Gobierno postergó el debate penal para priorizar la reforma laboral en el Congreso.
Con la reforma laboral como eje, el oficialismo retoma reuniones para alinear posiciones en un escenario legislativo adverso.
La AABA advierte que el decreto vulnera la Constitución y amplía facultades en detrimento de derechos.
Mientras la oposición quiere abrir el parlamento para bajar el DNU que empodera la SIDE, el accionar de Trump repercute en los legisladores.
El Ejecutivo busca tratar la reforma laboral y el proyecto de glaciares en el Congreso.
El 2025 cerró con la menor sanción de leyes en diez años.
El Senado dio la sanción definitiva a la Ley de Inocencia Fiscal que establece un blanqueo permanente de recursos provenientes de la evasión y el lavado de activos.
Los diputados pujan por continuar la investigación de la criptoestafa luego que se difundiera el contrato entre Milei y Davis.
Organismos de derechos humanos repudiaron sus dichos y pidieron sanción política en el Congreso.
La acción fue en respuesta a un ataque que mató a dos militares estadounidenses.
Tras dos años de ajuste libertario, el Estado quedó despojado de su función protectora, dejando a millones sin amparo ante la pérdida de derechos.