Juez vinculado a la dictadura se negó a tratar un caso urgente por salud de un paciente

El titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín, Oscar Alberto Papavero, sumó un nuevo capítulo en su polémica trayectoria como magistrado. Esta vez, luego de esperar un mes para resolver un amparo por una cuestión urgente de salud de un joven ingeniero platense, cuando al fin se decidió a intervenir se declaró incompetente para tratar el caso.

Por cuestión laboral, ya hace más de uno año A. F. G. se mudó desde La Plata -en cuya Universidad Nacional se recibió de ingeniero electricista- a la localidad bonaerense de Pilar. Fuera del ámbito laboral, el joven sufrió un accidente que puso en serio riesgo su vida, por una severa lesión en la ciática que le impide desplazarse bien, por lo que dos traumatólogos recomendaron una intervención quirúrgica urgente.

Una hora antes de que cirugía pactada, OSDE le notificó a la clínica que no iba a cubrir la intervención. Los familiares del damnificado habían viajado desde el interior con todos los gastos que ello implica. Por ello, el joven se asesoró con un abogado, quien presentó un amparo a fines de noviembre en la Justicia de San Isidro, a cuyo departamento judicial pertenece Pilar. Allí, la Justicia se declaró incompetente para tratar el caso y lo giró al Juzgado Federal n°1 de San Martín,.

A pesar de los reiterados reclamos y de notificarle a Papavero de que el joven ingeniero sufría dolores, producto de la lesión, el magistrado no los atendía. Recién ayer, el juez decidió resolver declarándose incompetente, ya que –según argumentó- el amparo debía resolverse en la Justicia Federal de Campana. Sin embargo, fuentes de la Justicia federal consultados por este multimedio dijeron que el amparo corresponde tramitarse en San Martín.

A pesar de que el artículo 43 de la Constitución Nacional establece que el amparo debe presentarse en situaciones de carácter urgente, tal como lo es la salud de una persona, y el juez interviniente debe resolverlo en 24 horas, Papavero excedió notablemente ese plazo, lo que llevó a la parte damnificada a sospechar su accionar más allá de lo estrictamente judicial.

El magistrado ingresó a la justicia en 1974, cuando fue nombrado como su secretario por el entonces fiscal Juan Martín Romero Victorica, quien fue denunciado por la nieta recuperada, Victoria Montenegro, por haber colaborado con la última dictadura cívico-militar que azotó al país. Antes del inicio del jury de enjuiciamiento en su contra, Victorica renunció a su cargo.

Luego, Papavero pasó a actuar como secretario del juez Carlos Enrique Luft, cuyo nombre figura en la lista del Personal Civil de Inteligencia del Estado que el Ejército hizo pública. El magistrado asumió como juez subrogante en San Martín en 2010, donde organismos de derechos humanos mostraron preocupación ya que en los archivos de esa Juzgado hay “numerosas causas relacionadas con la dictadura militar”, esenciales “para las investigaciones en los juicios por delitos de lesa humanidad”.