Los abogados de
la denunciante le presentaron un escrito al juez de la causa. Solicitaron que se quite el verdadero nombre de la joven de una publicación del sitio oficial de la curia local.
Los abogados Pía Garralda y Juan Pablo Gallego presentaron un escrito ante el Juzgado de Garantías n°6, a cargo de Agustín Crispo, para que el Arzobispado de La Plata se abstenga de revelar información sensible en la causa en la que se investiga al cura Raúl Anatolly Sidders por presunto abuso sexual a una menor de edad, informaron fuentes judiciales a diario Hoy.
De acuerdo con el escrito, “el 19 de diciembre del 2020 el Arzobispado de La Plata publicó en su web oficial un comunicado denominado Aclaraciones y decreto sobre el Padre Raúl Sidders, en donde publican el oficio que les envía Gendarmería Nacional y en el cual aclaran que el alta que incorporaba al sacerdote como capellán Castrense en la Región VI de Misiones el 14 de octubre del año pasado. En dicho oficio, consta la carátula de la presente causa con el nombre de la denunciante”.
“Este hecho constituye un enorme agravio para la joven, por la cual el Arzobispado platense no tuvo ningún resguardo en su cuidado. La publicación de su nombre completo tiene como objetivo desestabilizar a la víctima, estigmatizarla públicamente, un acto de provocación e intimidación sin ningún sentido que avale dicha publicación, atento a los delitos que se investigan que son de instancia privada”, agregaron los abogados en el documento presentado ante el juez.
En este marco, Garralda y Gallegos insistieron en que la publicación del verdadero nombre de “Rocío” fue una “actitud amenazante por parte de la curia platense y es una respuesta a la detención de Sidders, una clara maniobra para entorpecer la investigación, lo cual sin dudas genera riesgos procesales”.
Por ello, los abogados le solicitaron a Crispo que ordene “quitar dicha publicación y que se abstengan de realizar cualquier acto intimidatorio, de entorpecimiento y violatorio de su intimidad y/o amenaza contra nuestra representada”. El sacerdote continúa detenido en una cárcel hasta que la Cámara de Apelaciones de La Plata confirme o rechace la prisión domiciliaria que le había concedido el magistrado.