El gobierno K le entrega hasta las semillas a las multinacionales

Impulsa una ley de patentes de semillas transgénicas hecha a la medida de un puñado de grandes empresas. Una de estas firmas, Monsanto, está construyendo una planta en Córdoba y tiene serias denuncias por contaminación

En junio  del año pasado, en el Consejo de las Américas en Nueva York, la presidenta Cristina Fernández se deshizo en elogios para la empresa de productos agropecuarios Monsanto, acusada en todo el mundo por vender productos que dañarían seriamente la salud humana y el medio ambiente.

“Cómo ahora nosotros también hemos logrado patentes propias nos hemos convertido en defensores de las patentes”, dijo en ese momento la Presidenta.

Lo que no aclaró en ese momento es que desde el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que conduce Néstor Yahuar, impulsa una nueva ley de semillas y hasta circuló oficialmente un anteproyecto. Esa iniciativa estaría hecha a medida de las corporaciones que comercializan semillas y biotecnología, principalmente Monsanto,  Nidera y Syngenta, perjudicando a los pequeños y medianos productores del campo argentino.

La idea es convalidar las ambiciones de Monsanto, que ya cuenta con una batería de patentes que le aseguran la propiedad intelectual. Pero, para reforzar ese escenario, en un país que tiene una capacidad para alimentar a 300 millones de personas, busca un “sistema privado” para el resto de los transgénicos que desembarquen en un futuro. Concretamente, la nueva ley buscaría extender la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, abarcando el control sobre la comercialización de lo producido, lo que violaría la actual normativa argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el “uso propio” gratuito de semillas.

Se entiende como “uso propio” el hecho de guardar parte de la cosecha como semilla, un derecho que es milenario. Si esto se limita, se evitaría que la soja transgénica sea multiplicada y vendida en canales informales cuando actualmente sólo un 25% de la semilla de soja es certificada, mientras que el resto se divide entre uso propio y la llamada “Bolsa Blanca”, que es la semilla vendida por canales informales. Se trataría de un negociado multimillonario que podría terminar hipotecando uno de los recursos más valiosos que tiene nuestro país: la actividad agrícola.

La iniciativa, a su vez, tendría otro costado oscuro: incrementaría de forma considerable los costos de producción, lo que podría implicar importantes aumentos en los precios de los alimentos, agravando aún más la escalada inflacionaria que se registra en el país, de manera ininterrumpida, desde el año 2007.

El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y productor agropecuario, Matías de Velazco, explicó a Hoy que “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es cómo si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por se- parado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”, como Monsanto.

“Hay dos cosas que se regulan, la tecnología y la genética, que hay que pagarla en la semilla y no en el grano”, dijo  a Hoy el dirigente de la Federación Agraria y diputado nacional de la UCR, Ulises Forte. Y consideró que “hay presión de Monsanto” porque “al otro día de que la Presidenta se sacó la foto con la gente de esa multinacional apareció el proyecto de ley, eso lo dice todo”.

En Nueva York, en aquel discurso de hace ocho meses, Cristina continuó su alocución en el Consejo de las Américas con alabanzas para la corporación biotecnológica. “Estoy muy orgullosa del prospecto de Monsanto, cuando hacen prospecto es porque ya está hecha la inversión”, dijo la Presidenta sobre la planta de semillas transgénicas que Monsanto tiene en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas y que está seriamente cuestionado por sus efectos contaminantes.

Inmediatamente después fue alertada de que ese discurso estaba saliendo en vivo en Argentina. “Ah, están todos los canales en vivo en Buenos Aires”, dijo sorprendida. Y delatando sus intenciones susurro: “Bueno, no estoy diciendo nada que no pueda ser escuchado en Buenos Aires”. A confesión de partes, relevo de pruebas.

La planta contaminante

No fue casualidad que el mismo mes en que la Presidenta habló en el Consejo de las Américas, los vecinos del mencionado municipio cordobés denunciaron que la multinacional, que cuenta con numerosas denuncias de contaminación del medio ambiente en todo el mundo, estaba preparando una planta de producción de maíz transgénico y agrocombustible que se publicitó como la más grande de Sudamérica. Es más, dos universidades nacionales (de Córdoba y de Río Cuarto) cuestionaron la instalación de la planta de Monsanto por la situación sociosanitaria de Malvinas Argentinas, una localidad del Gran Córdoba,  rodeada de plantaciones de soja.

En ese sentido, recordaron las denuncias de contaminación que pesan sobre la compañía, alertaron sobre las consecuencias sociales y ambientales del modelo agropecuario, llamaron a respetar el principio precautorio de la Ley General del Ambiente y exhortaron a respetar la decisión de las poblaciones afectadas. Un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba detectó que en esa localidad había malformaciones congénitas, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias y de piel, provocadas precisamente por las fumigaciones de los campos de las poblaciones vecinas.

“Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto, no es recomendable desde el punto de vista médico y es intolerable desde el punto de vista social”, señala el informe.  Sin embargo, en los últimos días a la Presidenta Cristina Fernández parece importarle más la tala de unos pocos árboles de la avenida Nueve de Julio en Capital Federal, que la salud de los cordobeses por la entrega del suelo para los negocios de una multinacional.

Larga trayectoria y muchas acusaciones

Monsanto es una empresa proveedora de productos para la agricultura, conocida mundialmente por el glifosato, un popular herbicida bajo la marca Roundup, y también por las semillas genéticamente modificadas. Ambos productos son altamente contaminantes según numerosos especialistas.

Monsanto surgió en 1901 como distribuidora de sacarina, pero fue ampliando sus negocios y para 1938 producía químicos como plásticos y resinas. En 1976 se inició en la comercialización de los herbicidas y en 1981 se sumó a la carrera biotecnológica.

La cuestionada multinacional ha sido y sigue siendo una de las empresas que ha creado más controversia a nivel mundial por el peligro potencial o real de sus productos sobre la salud humana,  de animales, plantas y sobre el medio ambiente en general.

Incluso, en la década del ‘60 Monsanto fue una de las empresas contratadas por el gobierno de Estados Unidos para producir un herbicida llamado agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam con el fin de destruir la selva vietnamita y las cosechas privando a los vietnamitas de alimento y de vegetación donde esconderse.

Además, fue productor de la hormona sintética somatotropina bovina, que se comprobó que provoca cambios significativos y negativos en la biología de las vacas. En 2007 Monsanto fue multado por anunciar que su herbicida Roundup era biodegradable y no tóxico para los animales domésticos y los niños. Mientras, la Unión Europea clasificó al herbicida de Monsanto como no biodegradable.