El negociado de Cristóbal López que Vidal sostiene

Con la anuencia del gobierno bonaerense, el empresario K –imputado por dar coimas a Cristina Kirchner- sigue manejando el negocio millonario de las concesiones del corredor atlántico y las rutas 2 y 11. Los turbios manejos del zar del juego que mantiene impunemente la gobernadora 

Las concesiones viales fueron uno de los grandes negociados de la era K, que el gobierno de Cambiemos en vez de frenarlos, no ha hecho más que acrecentarlos. Un claro ejemplo es el que se vive en territorio bonaerense con el empresario Cristóbal López, quien mantiene impunemente la millonaria cesión del corredor atlántico y las rutas 2 y 11, sin que desde la administración de María Eugenia Vidal, se le ponga palos en la rueda.

Por el momento, las autoridades provinciales hacen caso omiso de las pesadas denuncias que pesan sobre López, que van desde evasión impositiva por más de 8.000 millones de pesos, hasta las coimas por favores en la obra pública dadas a la expresidenta Cristina Kirchner (ver Imputados por coimeros), incrementando la impunidad del empresario.

La empresa CPC S.A., de la cual el comodorense es dueño, fue beneficiada por el kirchnerismo con las concesiones de la autovía 2 y ruta 11, reportándole así millonarios ingresos. El manejo de estos caminos, tal como lo advertimos desde Hoy, está siendo investigado por la Justicia en la causa Nº 2884/16 en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello, donde se sospecha estrafalarios retornos para hacerse con esos manejos.

A pesar de todas estas irregularidades, sospechosamente nada hace Vidal para cambiar esta situación, sino que por el contrario, con sus acciones y actitudes, no hace más que fomentar e incrementar la fortuna de López.

En la ilegalidad

Si el gobierno bonaerense investigara estos turbios entramados de López, vería que su ingreso al negocio vial fue por una presión existente del gobierno kirchnerista, ya que por ser dueño de un medio de comunicación, el empresario estaba inhibido de poseer más del 10% de una empresa concesionaria de un servicio público, y el peaje, según  jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, es un servicio público.

Ricardo Lasca, Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), le aseguró a Hoy que “buscamos que el gobierno provincial tenga coraje, voluntad y decisión política para terminar con los negociados que se hacen con las concesiones viales. Que se siga fomentando la continuidad de Cristóbal López en la provincia, un personaje emparentado con la corrupción, es escandaloso”.

Para el representante de la defensa vial, “notamos mucha lentitud en el tema de las concesiones, que afecta a distintas localidades que están partidas por la autovía 2 y la ruta 11. No se entiende por qué se sostiene a una persona que tiene prohibido por la ley de medios tener un servicio público a su cargo, y nada se hace para sacárselo”.

“Entendemos que el contrato dado a López ha sido leonino, ilegal y atenta contra el bienestar general. El contrato debe ser rescindido, porque no se puede soportar una cesión que se dio a 30 años como hizo el exgobernador Daniel Scioli.

Esperamos que Vidal se ponga los pantalones largos y haga cumplir la ley”, destacó Lasca. Todo esto empeora si se tiene en cuenta que las rutas concesionadas por López se han convertido en verdaderas trampas mortales para los automovilistas, donde la completa inacción de la empresa concesionaria para desarrollar las obras tendientes a mejorarlas, brillan por su ausencia.

Ni bien asumió el poder, Vidal ha dicho sentirse “enfadada” por la corrupción. Esa indignación parece no pasar todavía a los hechos, ya que con sus actos lo único que se han mantenido son negociados infames que les cuestan a los bonaerenses cifras millonarias al año, con cientos de vidas que quedan en el camino.

Oídos sordos

La realidad que se vive en la provincia, puede verse también a nivel nacional, ya que a la concesión del corredor atlántico y las rutas 2 y 11, Cristóbal López tiene el negocio de los peajes en las rutas nacionales 3, 205 y 226, en lo que significa un dinero por demás redituable para el Grupo Índalo.

A pesar de las promesas hechas por Cambiemos de revisar todos estos contratos, por ahora el único negocio de los caminos que le fue sacado a López, ha sido el de la autopista Ezeiza-Cañuelas.

Por el momento, y a pesar de los reclamos de los usuarios, las demás concesiones siguen impunemente en manos del empresario K, sin cumplir Cambiemos en lo más mínimo las promesas hechas en campaña.

Un error tras otro

En los últimos días, un rumor comenzó a correr por los pasillos de la Casa de Gobierno provincial, y era que la gobernadora María Eugenia Vidal realizaría la concesión por peaje de la ruta provincial número 6.

La decisión, en caso de hacerse, sería un nuevo error en la materia por parte de la mandataria provincial, ya que sería concesionar una ruta bonaerense de bajo caudal de tránsito, con lo cual el sistema de peaje directo con cabina de cobro en ruta, es inaplicable técnicamente. 

A eso hay que agregarle además la inconstitucionalidad de no contar con caminos alternativos libres de pagos, cuando a esas rutas de dominio público se están manteniendo con los impuestos de los ciudadanos.

A espaldas de la gente

El negociado del corredor interbalneario, fue dado por el exgobernador Daniel Scioli en 2011 a una Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por empresarios amigos del poder, como lo era Benito Roggio, Eduardo Eurnekián y Carlos Wagner, a los que en 2012 se agregó Cristóbal López.

Los negocios oscuros en este corredor estuvieron a la hora del día desde el mismo comienzo, con sobreprecios girados por parte de las empresas, abonando el Estado más de U$S 120 millones, sin que todavía esté terminada en su totalidad.

A eso se le sumó la orden dada por Scioli de extenderle a la empresa de López la explotación de estas rutas por 30 años más, prolongando la larga agonía de los caminos bonaerenses.