Otro veto presidencial: ahora, contra los trabajadores profesionales

Un decreto del Gobierno anuló la ley que fijaba el Salario Mínimo Profesional y en la oposición hablan de “flexibilización laboral”. Además, otra medida dio marcha atrás con una norma que apuntaba a combatir la trombofilia

En un lunes gris para el Gobierno de Mauricio Macri, y tras la crisis intestina que desencadenó en la renuncia del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, ayer también tuvo lugar una decisión del todo previsible en la gestión de Cambiemos: el veto a una ley que favorecía a los trabajadores.

Es que con el decreto 1.283 publicado en el Boletín Oficial, el Presidente PRO anuló de manera total el proyecto registrado bajo el n° 27.331 que introducía el concepto de Salario Mínimo Profesional a la Ley de Contrato de Trabajo y que apuntaba a establecer “un piso mínimo aplicable a todos los salarios fijados por convención colectiva o laudo arbitral con igual efecto”.

La medida, firmada por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue cuestionada por los distintos bloques opositores, al considerar que “constituye un paso más del Gobierno en su intención de imponer la flexibilización laboral de los 90”.

Y recordaron que “otra vez se atenta contra una ley favorable a los trabajadores, tal como ocurrió con aquella que prohibía los despidos”.

La institución del Salario Mínimo Profesional estuvo incorporada a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en su texto originario de 1974 y fue derogada por la mutilación que de la LCT hizo la dictadura militar en 1976.

También ayer fue oficializado el polémico decreto 1281 que rechazó el proyecto de Ley registrado bajo el n° 27.335, para declarar “de interés nacional la protección integral psicofísica de las personas portadoras de trombofilia en todas sus formas”, establecer el objetivo de “procurar la detección precoz” de ese trastorno en la coagulación sanguínea y crear un “programa de estudio e investigación, docencia, formación, diagnóstico y tratamiento de la trombofilia”.

Así, se buscaba promover la detección temprana de esa alteración sanguínea que puede causar complicaciones gestacionales, como reiterados abortos tempranos y también muerte fetal intrauterina.

En el texto firmado por el jefe de Estado y el ministro de Salud, Jorge Lemus, el Poder Ejecutivo defendió el veto afirmando que “se justificaría en el caso de tratarse de una patología desconocida y/o no correctamente diagnosticada”, así como también al señalar que “la cobertura de los métodos de diagnóstico y tratamiento de la trombofilia, en los casos debidamente justificados por el médico tratante, está asegurada por el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.

Ambas iniciativas habían sido aprobadas en Diputados en noviembre de 2015. Pero, tras poco más de un año en el Gobierno, ya es un lugar común concluir lo obvio: que el Congreso propone y Macri dispone, aunque mal le pese a los argentinos.