Para el defensor del Pueblo, el accionar de Dienst Consulting “es ilegal”

Así lo afirmó Guido Lorenzino en una entrevista con Especiales Hoy. Mientras aguarda que la Dirección de Escuelas responda un pedido de informes sobre la cuestionada empresa que controla las licencias docentes desde el año 2009, sostuvo que en la Defensoría están preparados para actuar “administrativa y judicialmente”

La extensión del contrato con la empresa Dienst Consulting, que desde el año 2009 tiene a su cargo el contralor de las licencias médicas de docentes en territorio bonaerense, sigue levantando polvareda. Esto motivó la intervención del defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

En una entrevista con Especiales Hoy, que puede verse en www.diariohoy.net, Lorenzino consideró que “es ilegal” la delegación de facultades que son propias del Estado, como la tarea que realiza la Dirección de Reconocimientos Médicos, en una empresa privada.

“Tuve charlas con varios dirigentes gremiales y, aplicando el sentido común, notamos que hoy estamos frente a un contrato que, mas allá de cómo se gestionó, es ilegal lo que hace. La junta médica es una potestad del Estado; delegársela a un privado es como que yo tenga un agente de seguridad privada en mi casa y le diga agarrá un arma y andá a patrullar la ciudad. Así como la seguridad es indelegable, las juntas médicas también lo son”, destacó el ombudsman  bonaerense.

En ese sentido, destacó: “Estoy de acuerdo con que hay que discutir el presentismo y ausentismo, pero cuando yo era docente en 1989 en Río Negro, y faltaba al colegio, tenía que ir al hospital a buscar un certificado médico o me golpeaban la puerta de mi casa para ver si estaba. Gastar 150 millones de pesos en algo que no es eficiente, la verdad que por lo menos es dudoso o sospechoso”.

El defensor del Pueblo comparó la polémica por el presentismo docente y lo que está sucediendo con Dienst Consulting en la Provincia, con la desconfianza que generaba el Indec durante la era kirchnerista. “La única verdad es la realidad, frase repetida pero que para estos casos es suficiente para explicar lo que está pasando. Esto se da en dos planos: uno es la legalidad del contrato, que no está clara, hay grises y vamos a trabajar sobre eso. El otro plano es que la efectividad del convenio no está arrojando resultados confiables. Ni buenos ni malos, no son confiables. Entonces para atacar un tema que es un problema, y que el propio gobierno pone en la mesa de discusión, hay que tener índices confiables. Discutimos muchos años que no había indicadores confiables del Indec y en este caso acá no hay tampoco indicadores confiables sobre ausentismo”.

En la Defensoría del Pueblo aguardan que las autoridades de la Dirección de Escuelas de la Provincia respondan un pedido de informes realizado días atrás. “Nosotros desde la Defensoría no solo vamos a recibir la información que nos den, sino también actuar de la manera que podamos, administrativa y judicialmente. Nuestro rol no es solo indagar sobre los recursos mal utilizados, sino también defender el derecho de los docentes que no están bien atendidos ni bien cuidados, más cuando hay un servicio que se está haciendo con cosas que no creemos que sean legales”. 

Actualmente, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense le renovó el contrato a Dienst Consulting y le paga 150 millones de pesos por año. Eso no es todo, pese a que la firma fue denunciada por la AFIP por la supuesta utilización de facturas truchas, a lo que se le suman distintos incumplimientos impositivos, el macrismo le otorgó otros contratos millonarios en el Estado nacional y en el gobierno porteño. 

Concretamente, el pasado 4 de abril, la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex-Renar), Natalia Gambaro, le adjudicó a Dienst el contrato para la prestación “del servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credencial de legítimo usuario de armas de fuego”. Se calcula que, por este convenio, la compañía podría embolsar unos 90 millones de pesos. 

A su vez, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le adjudicó un contrato por 35,6 millones de pesos para ejercer el “control de licencias médicas, de exámenes de ingreso y elaboración de informes socioambientales” de la Policía Metropolitana.

“Vamos a accionar en la Justicia Penal” 

En la entrevista con Especiales Hoy, también participó Guillermo Chávez, apoderado del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme). 

“Nosotros lo que denunciamos es que le han sus­traído facultades a la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires que, por ley, debe cumplir la función de contralor y de junta médica. Lo que hicieron es realmente un disparate, porque la Dirección de Reconocimientos Médicos cuenta con un plantel profesional en todas las disciplinas. En cambio, esta empresa solo tiene médicos generalistas, todos jovencitos, que lo único que hacen es otorgar o denegar licencias, pero no se ocupan de preservar la salud de los trabajadores”, dijo Chávez. Y remarcó: “Vamos a judicializar penalmente este tema”

“Este contrato viene de la gestión anterior y cuesta entender cómo hicieron los organismos de la Constitución para aprobarlo o dejarlo vigente, sabiendo que esta contratación es ilegal. La ley es categórica: nunca se tendría que haber renovado el convenio”, agregó Chávez.

“Ante todo, acá lo que prima es un sistema economicista. Ahorrar costos para obtener mayores ganancias. La mayoría de los locales de la prestadora son cuevas, ni una camilla tienen. Tampoco se realiza un seguimiento del paciente ni se hacen historias clínicas”, concluyó el apoderado del Soeme.