Seguridad: Vidal pone a un civil para manejar los gastos de la Bonaerense

En la jornada de mañana se firmará una resolución con la cual la Superintendencia de Coordinación Administrativa será suprimida y sus funciones quedarán a cargo de un civil, Ignacio Greco. Esta caja maneja un presupuesto de 500 millones de pesos anuales.

La decisión de Vidal de quitar esta millonaria caja a la bonaerense no es casual. Se produce en medio de la ola de inseguridad que azota al territorio bonaerense y, además, el área estaba manejada por Néstor Omar Martín, comisario que declaró un patrimonio de 4.022.108 pesos, siete propiedades en La Plata y un helicóptero experimental. Bienes que la Gobernación tiene en la mira.

El funcionario abandonó su cargo luego de que la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad lo denunciara por supuestas inconsistencias en su declaración jurada. Martín había declarado tener siete propiedades, un helicóptero, más de dos millones de pesos en efectivo, 18.000 acciones de una cooperativa y electrodomésticos valuados en $100.000.

La modificación tendrá una doble consecuencia. Por un lado, la Policía dejará de manejar la suma de 500 millones de pesos anuales. Además, unos 200 efectivos que hasta ahora desempeñaban funciones en la oficina deberán salir a la calle.

Greco, el actual subsecretario Legal, Técnico y Administrativo de la cartera que dirige Ritondo, será quien absorba las funciones del área. Así, le tocará participar de la misma reforma que realizó años atrás en la Policía Metropolitana, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno.

Por otro lado, como publicó diario Hoy la semana pasada, La subejecución presupuestaria por parte de las autoridades provinciales pone en jaque a las ciudades del Conurbano y del interior, quienes dependen del envío de recursos del Ministerio que comanda Cristian Ritondo para poder llevar adelante distintas políticas de seguridad. En el mes de abril, el titular de la cartera de Seguridad dijo que se iban a invertir $1.879 millones para mejorar la estructura policial, lo que incluía la compra de 70.000 chalecos, como así también 1.000 patrulleros y 1.000 motos policiales. Pese a ello, meses después del primer anuncio, los integrantes de las fuerzas de seguridad aún no tienen garantizado el equipamiento mínimo indispensable.