Una presidenta limitada
La convalecencia de la presidenta Cristina Fernández llegó a su fin, y hoy tendrá que retomar sus funciones al frente del Poder Ejecutivo. En ese sentido, por más que en los últimos días varios aplaudidores oficiales intentaron explicar que la primera mandataria ejercerá el poder de mando como lo hacía antes de la cirugía que se le practicó en el cráneo, la realidad es que sus funciones estarán limitadas. Por un lado, porque deberá adoptar precauciones físicas -no podrá viajar en avión, en helicóptero y ni hacer largos trayectos en automóvil- y emocionales: debe evitar las situaciones de estrés.
La cuestión clave
Ahora bien, lo más grave, no pasa tanto por si la presidenta está capacitada o discapacitada para ejercer el mandado. La cuestión es que la primera mandataria deberá hacer frente necesariamente a un cúmulo de problemas que ella misma generó, cuando gozaba de salud plena.
De hecho, muchos de los flagelos que hoy jaquean a los argentinos son la consecuencia de una década de errores económicos, cometidos a causa de la soberbia y de una evidente falta de capacidad en los equipos de gobierno, que han llevado a que la Argentina hoy sea uno de los países como más alta inflación del mundo.
Si antes de las elecciones, a la presidenta y a sus aplaudidores ni siquiera se les ocurría una sola idea para ponerle un freno a la inflación, difícilmente ahora puedan encontrar una alternativa superadora cuando, dentro de las variantes que se están mencionando para los cambios de gabinete, no aparece ningún nombre que signifique la posibilidad de un cambio profundo en la política económica.
Además, producto de todos los desaguisados, la Argentina tiene cada vez menos recursos para encarar cambios. En la semana que pasó las reservas del Banco Central perforaron el piso de los 33 mil millones de dólares, el nivel más bajo desde 2007, debido al pago –sin ningún tipo de auditoría- de los vencimientos de una deuda externa que es ilegal e ilegítima. A ello se le suman las consecuencias del cepo cambiario, una medida que se tomó en la desesperación de intentar frenar la huida de capitales, pero que se ha convertido en una suerte de trampa mortal ya que no sólo la fuga se agudizó, sino que también generó una profunda recesión económica. De ahí que nos encontremos con sectores productivos paralizados por la imposibilidad de poder afrontar el costo de insumos que cotizan al precio del dólar paralelo.
La falta de soluciones se da, prácticamente, en todas las áreas gubernamentales. Sin ir más lejos, las denuncias realizadas por Iglesia, respecto al crecimiento exponencial del narcotráfico, agarraron muy mal parado a este gobierno debido a que la administración K fue –y lo sigue siendo- absolutamente funcional al desarrollo de este flagelo.
Durante más de un década, tanto Néstor como Cristina mencionaron vaguedades cada vez que hablaron respecto al problema del narcotráfico. Y ello no era casualidad ya que la falta de acción implicó que hoy tengamos fronteras y puertos que son coladores, sin radares ni scanners que permitan detectar el ingreso de estupefacientes. Peor aún, en caso de que se cumplan las promesas de instalar los radares, la Fuerza Aérea tampoco tiene aviones con capacidad para derribar a aquellas aeronaves, cargadas de estupefacientes, que ingresan ilegalmente a nuestro territorio. En otras palabras, los narcos cuentan con equipamientos, vehículos y armas mucho más sofisticadas respecto a las fuerzas armadas y de seguridad de nuestro país.
Proceso de desaparición
Difícilmente, ante un escenario tan complejo, la presidenta pueda desenvolverse con los modos dictatoriales que tanto la caracterizaron en sus años de gobierno, y que la llevaron a considerar que todo aquel que piensa distinto es un enemigo que debe ser castigado.
Durante los últimos dos años, el 54% de los votos que la convirtieron en presidenta reelecta se esfumaron, no existen más. La ciudadanía decidió castigarla, de forma contundente, en las últimas legislativas, por lo que necesariamente el kirchnerismo comenzará a transitar su proceso de desaparición. En ese contexto, tanto a CFK como a su séquito de aplaudidores no le quedará otra que intentar pactar una salida ordenada. ¿Esto qué significa? Hacer una suerte de nuevo Pacto de Olivos, con gobernadores e intendentes, que mantendrán el poder político cuando ya no exista el kirchnerismo, para evitar que los que hoy están en la Casa Rosada terminen presos por las numerosas causas de corrupción que hoy están frenadas. El escandaloso crecimiento patrimonial de los Kirchner, la causa Ciccone, el vaciamiento de YPF y pacto con Chevron para la entrega del patrimonio nacional, la estafa de Aerolíneas Argentinas y la fiesta clientelar que se financia con fondos de los jubilados, son sólo algunas de las causas que podrían complicar a los Kirchner.
No les espera tiempos fáciles a Cristina y a su séquito de adulones. Y por ello si antes de que finalice el mandato presidencial, la situación se complica más de lo previsto, el estado de salud de la primera mandataria puede constituirse en la excusa perfecta para abandonar el poder, siempre y cuando la impunidad esté garantizada.
Cuando la salud es cuestión de Estado
El estado de la salud física, psíquica y emocional de la primera mandataria no puede ser considerado como un asunto privado. En ese sentido, ante una consulta de Hoy, el profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de La Plata, Félix Loñ, destacó que en la Argentina existe jurisprudencia que indica que “la salud de un presidente” es cuestión de estado. “Esto es así desde el año 1940, cuando el Senado tuvo que intervenir producto de la enfermedad del entonces presidente Roberto Ortiz, que padecía una diabetes que lo terminó dejando ciego. El problema se suscito cuando algunos sectores creían que Ortiz podía volver al poder ya que había médicos que opinaban que podía recuperar algo de la vista, pero el propio Senado dispuso que no era conveniente. En Estados Unidos, a partir de la enfermedad que tuvo el presidente Roosvelt, que lo llevó a la muerte en pleno ejercicio del poder, también se introdujo una enmienda en la Constitución para considerar a la salud del primer mandatario como una cuestión de Estado”.