Abuso sexual de menores: comenzaron a juzgar a las monjas y ex directivos del Instituto Próvolo

Las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, junto con la ex apoderada legal del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, Graciela Pascual, y otras seis imputadas, comenzaron ser juzgadas hoy desde las 9 en el segundo juicio que investiga los abusos sexuales a niños sordos.

En el juicio que se conoce como Próvolo II, las otras imputadas son las ex directoras de la entidad, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza, la cocinera Noemí Paz, y la psicóloga Cecilia Raffo.

Las nueve mujeres asistieron de forma presencial en la sala 4 del Fuero Penal Colegiado, en el debate que es presidido en la misma sala de audiencias por el presidente del tribunal, el juez Horacio Cadile; mientras que el resto de los jueces del tribunal, como los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana, más los abogados querellantes, y defensores, participan en forma virtual, confirmó a Télam una alta fuente judicial.

Por lo tanto, el debate es semipresencial, y se utiliza una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat, reuniones de video, almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones.

Solucionado un inconveniente técnico, el abogado defensor Alfredo Paturzo, que representa a la psicóloga Cecilia Raffo, presentó una nulidad de requerimiento de citación a juicio, y luego de dicha actuación, se pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves, a las 9.

Para este segundo juicio oral se consiguieron unificar las diferentes causas y la más comprometida es Kumiko, una religiosa de ascendencia japonesa que se encuentra con prisión domiciliaria, y está imputada como partícipe primaria de los abusos cometidos en el Próvolo, en siete hechos, en uno de los cuales está sindicada como autora penalmente responsable de un abuso simple.

Las otras ocho imputadas llegarán al debate en libertad, aunque Graciela Pascual ya estuvo detenida por un lapso mayor a dos años, desde el 24 de agosto de 2017, primero en el penal de Cacheuta, y luego le concedieron la prisión domiciliaria, pero en octubre de 2019 le fue otorgada la libertad por una argucia legal, ya que se retrasó el inicio del juicio oral, y sus defensores se la consiguieron mediante un habeas corpus.

En el pasado mes de febrero se realizó la audiencia preliminar donde se leyó la parte formal de las acusaciones y se extrajeron los datos de las imputadas, y como la causa tiene muchas fojas, la misma demandó varias horas de lectura y requirió dos nuevas audiencias.

Luego se habían fijado una serie de nuevas audiencias preliminares, donde se tienen que dirimir unas 40 actuaciones, que no pudieron seguir adelante por la aparición de la pandemia.

Desde mañana, con estos nuevos protocolos, se podrá avanzar en estos actos procesales donde primero se van a discutir todos los planteos previos y nulidades que han preparado los defensores para estas preliminares, y recién una vez completados dichos actos procesales, se entrará en el debate propiamente dicho, confirmó la fuente.

El fiscal Gustavo Stroppiana, que llevó adelante la instrucción de la causa, sostuvo en la elevación a juicio de la misma, que las mujeres sabían de los delitos que se cometieron y no los denunciaron, ni hicieron nada para evitarlos, por eso en distinta medida son responsables del delito de encubrimiento.

Por este mismo caso, en un juicio que marca precedente en el mundo, la justicia mendocina condenó el 25 de noviembre de 2019 a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años de cárcel acusados por abusos sexuales y corrupción de menores a niños con hipoacusia en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.