La familia de Facundo Castro pidió que la jueza sea apartada de la investigación

La familia de Facundo Castro pidió que la jueza sea apartada de la investigación, ya que considera que no respetó el principio de imparcialidad ni actuó de acuerdo a la normativa constitucional y de los tratados internacionales en derechos humanos.

Los escritos presentados detallan una larga serie de decisiones arbitrarias adoptadas por la magistrada que obstruyeron, demoraron y desestimaron la producción de pruebas indispensables para conocer la verdad de lo que pasó con el joven, y que solo se explican en un intento de proteger a los efectivos policiales. 

Es a raíz de esto, que  integrantes del entorno de Facundo pidieron que la magistrada federal María Gabriela Marrón sea apartada de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte del joven oriundo de Pedro Luro.

La Comisión Provincial por la Memoria, querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, adhirió al pedido de recusación. L

“Su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad", señalan los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro.

Las resoluciones adoptadas por la titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca obstruyen la investigación sobre la principal hipótesis de la causa, la desaparición forzada seguida de muerte, y manifiestan una “defensa corporativa” de las fuerzas de seguridad. Para las querellas, estos hechos constituyen una clara afectación de la garantía del juez imparcial, principal argumento para pedir su recusación y el apartamiento de la causa.

En el pedido se describe una larga lista de irregularidades y señala, en particular, la última de las decisiones de la jueza Marrón: el masivo rechazo de medidas de prueba solicitada por los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia  y de la Procuraduría de Violencia Institucional.

En esa oportunidad, la magistrada se negó a allanar el puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro, y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.

Esa resolución de la jueza Marrón fue apelada y, ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca debe resolver sobre la producción de esas medidas de prueba. En ese sentido, esta semana tanto la fiscalía como las querellas presentaron ante la Cámara un memorial —acto procesal que reemplaza la audiencia— con los fundamentos de sus apelaciones.

Como sostuvieron en su momento, la denegatoria de las medidas de prueba causa un gravamen irreparable y un perjuicio que impide seguir investigando “pareciera haber un forzamiento del pensamiento lógico en procura de despejar todo indicio y toda prueba contundente que apunten a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, remarcaron las querellas en el memorial.

En los fundamentos de la presentación, también señalaron que en las últimas semanas se incorporaron nuevos elementos probatorios que siguen reforzando la desaparición forzada seguida de muerte como principal hipótesis de la investigación.

En el memorial presentado ante la Cámara, las querellas advirtieron sobre la necesidad de cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales y jurisprudencia nacional sobre los principios que deben guiar la actuación judicial cuando se investigan hechos de gravedad institucional y la participación de funcionarios de las fuerzas de seguridad.