Desde su sanción ha comenzado en algunos puntos del país un proceso de desmanicomialización. Si bien la ley constituye un importante aporte al desarrollo profesional, los trabajadores indican que en los hechos se vuelve utópica.
25/04/2022 - 00:00hs
El 25 de noviembre del año 2010 se sancionó la Ley 26.657, más conocida como Ley de Salud Mental. Con el objetivo de introducir la perspectiva de los derechos humanos en el abordaje de los padecimientos mentales, se dispuso una serie de medidas para que de forma prolongada se avance en materia de inclusión social en este campo en particular. A pesar de que, en lo teórico, los especialistas explican que la Ley es positiva, a la hora de llevarla a la práctica se encuentran con una serie de complicaciones debido a la falta de gestión.
“Considero que la Ley constituyó un gran aporte a nuestra práctica profesional y a los usuarios de los servicios de salud mental, en tanto vela por sus derechos. En la actualidad, los problemas con los que nos enfrentamos en este campo implican un entramado de múltiples factores históricos, socioeconómicos, biológicos, culturales y psicológicos que se interrelacionan de diversas maneras; y la Ley justamente promueve un abordaje desde lo interdisciplinario y desde lo intersectorial, dejando atrás el modelo médico hegemónico”, le explicó a diario Hoy Milagros Canosa, trabajadora en el Hospital Interzonal Especializado en Toxicología y Salud Mental. Al mismo tiempo, la licenciada en Psicología detalló: “Desde mi práctica, me encuentro con que, en la teoría, la Ley resulta muy atractiva; pero en los hechos se nos vuelve utópica, en tanto no hay políticas de gestión que hagan viables lo que se plantea. En este sentido, por ejemplo, la misma postula que las internaciones deben ser voluntarias, y solo cuando mediare riesgo cierto e inminente para sí o para terceros se puede proceder a una internación involuntaria. En estos casos, no solo se torna difícil arbitrar los medios para poder efectivizar la articulación con el 911 y el 107 de ser necesario; sino que también está el hecho de que la mayoría de los establecimientos son de carácter abierto, por lo cual, si el paciente quiere irse no se lo retiene”.
La Ley, más particularmente durante este último tiempo, ha recibido muchas críticas por no poder ser llevada a cabo en su totalidad. Según la psicóloga, el Estado “no ha actuado en concordancia con la sanción de dicha Ley”, ya que “no acompañó con gestiones concretas que pudieran hacer posible el cumplimiento efectivo”. Una de las principales cuestiones que plantea la normativa es la desmanicomialización. Hoy en día, se piensa la internación como último recurso, ya que se la considera como un abordaje de carácter restrictivo; y se pone el acento en utilizar la alternativa terapéutica que menos restrinja los derechos y libertades, promoviendo de esta manera la integración familiar y comunitaria. Al mismo tiempo, también se apunta a descender el promedio de internación, impulsando que esta sea lo más breve posible.
“Son escasos los hospitales de día, las casas de medio camino, las alternativas de salida laboral y los recursos humanos, llámense acompañantes terapéuticos y operadores sociocomuniarios, que pueden acompañar el proceso de inserción social. Considero que el espíritu de la desmanicomialización apunta a desarrollar prácticas y servicios en la atención de las enfermedades mentales dentro del ámbito comunitario, orientado al refuerzo de los lazos sociales. Lo cual implica pensar en internaciones cortas en hospitales generales o centros de salud mental, y que los pacientes no queden cronificados en los establecimientos psiquiátricos por cuestiones sociales. En síntesis, pensar que el padecimiento mental sea considerado como un estado modificable, pudiendo ser abordados con alternativas terapéuticas que protejan sus derechos”, concluyó la experta.