Los hechos se registraron en la estancia La Perla, en la zona de Punta Clara.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), en conjunto con las fundaciones Greenpeace Argentina y Patagonia Natural, recusaron a la jueza penal de Chubut, María Tolomei, en la causa por la que se investiga la mortandad de pingüinos hace un año en la zona próxima a Punta Tombo.
Según indicaron fuentes oficiales, la presentación fue realizada por la abogada Marcia Ivonne Caminoa en representación de las entidades mencionadas en “carácter de denunciante y pretensos querellantes” en la causa caratulada “Ministerio público fiscal s/investigación maltrato animal Punta Tombo”.
Se trata de la causa por la que se investiga la muerte de un número impreciso de pingüinos pichones y la destrucción de nidos con huevos que ocurrió entre el 10 de agosto y el 26 de noviembre de 2021, cuando una retroexcavadora pasó por encima de la población provocando daños sobre fauna y flora silvestre autóctonas.
Los hechos se registraron en la estancia La Perla, en la zona de Punta Clara, y tienen como imputado al ganadero Ricardo Adolfo La Regina, de 38 años.
La estancia está lindera a la reserva de Punta Tombo, 60 km al sur de Rawson, la capital del Chubut, y es considerada uno de los apostaderos de Pingüinos de Magallanes más grande del mundo. El ámbito se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, Reserva Biosfera de Unesco Patagonia Azul y Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA) y parte de un mismo ecosistema.
La Regina compareció el lunes de la semana pasada a la audiencia de apertura de investigación, pero la misma fracasó porque la jueza Tolomei interpretó que no estaban acreditados los hechos y le pidió a la fiscal Florencia Gómez que adecue el texto.
El pedido de recusación presentado por la abogada Marcia Caminoa, expresó que “el día 12 del mes diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de trámite prevista para la apertura de la investigación y tratamiento de la querella dentro de la presente causa, en cuya oportunidad la jueza a cargo reconoció explícitamente que su pareja es socio del abogado que tiene a cargo la defensa técnica del imputado”.
La abogada ambientalista considera que la vinculación entre la pareja de la jueza con el abogado defensor del imputado “afecta gravemente su imparcialidad o, cuanto menos, generan en nuestra calidad de denunciantes, víctimas y pretensos querellantes, sospechas serias y fundadas acerca de la imparcialidad”.
Como prueba de su planteo, la abogada ofreció “la grabación de la audiencia de trámite de apertura de investigación de fecha 12/12/2022 que obra en poder de la Oficina Judicial de Rawson, a la que oportunamente se le será solicitada”.