Bolivia atraviesa protestas y bloqueos en distintos puntos del país

Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. Desde hace dos semanas, miles de personas mantienen protestas y bloqueos en distintos puntos del país, especialmente en los accesos a La Paz, en rechazo a las políticas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

Las movilizaciones, encabezadas por sindicatos, organizaciones sociales y sectores campesinos, comenzaron tras la promulgación de la Ley 1.720, una reforma agraria aprobada por el Congreso en marzo y sancionada en abril. Los sectores críticos sostienen que la normativa favorecía la mercantilización de la tierra y debilitaba derechos de comunidades indígenas y campesinas.

Aunque el gobierno decidió posteriormente dejar sin efecto la ley para intentar desactivar el conflicto, las protestas no se detuvieron. Con el correr de los días, el reclamo derivó en un cuestionamiento más amplio a la gestión económica y política del Ejecutivo, incluyendo pedidos de renuncia contra el mandatario.

Desde Bolivia, afirmaron que se vive un escenario de fuerte tensión social, con cortes de rutas permanentes y una capital prácticamente aislada. Según detalló, el gobierno desplegó el fin de semana unos cinco mil efectivos para intentar despejar los accesos, aunque la operación sólo logró liberar parcialmente algunas vías durante pocos minutos.

Entre los principales reclamos aparece el deterioro del poder adquisitivo producto de la inflación. Sectores sindicales y populares sostienen que los salarios perdieron capacidad de compra en los últimos dos años y cuestionan la falta de respuestas oficiales frente al aumento del costo de vida.

Otro foco de malestar está relacionado con problemas en la calidad de los combustibles. Transportistas y automovilistas denuncian daños mecánicos masivos en vehículos a partir del uso de naftas presuntamente adulteradas o de baja calidad, situación que generó gastos elevados en reparaciones.

Además, distintas organizaciones acusan al gobierno de alejarse de las promesas realizadas durante la campaña electoral. Los cuestionamientos apuntan a medidas económicas interpretadas como favorables a los sectores de mayores ingresos, entre ellas la eliminación de impuestos a grandes fortunas y nuevas políticas fiscales que afectarían a trabajadores independientes y pequeños comerciantes.