Los policías estaban en contra.
A poco de una mega marcha en Madrid por el rechazo a la reforma de la ley de seguridad, finalmente fracasó el intento del gobierno de España de avanzar con la iniciativa tras los vaivenes en el Parlamento.
Desde la bancada que responde al presidente, Pedro Sánchez, y sus aliados intentaron durante más de un año avanzar con la norma, pero, por las internas partidarias, dos aliados votaran en su contra en una comisión parlamentaria.
La ley fue sancionada en 2015, durante la gestión de Mariano Rajoy, y su reforma fue parte del pacto entre socialistas y Unidas Podemos, pero resulta complejo que el Ejecutivo encuentre una alternativa antes de las elecciones legislativas de finales de año.
No solo obtuvo el rechazo de los dos aliados, sino también de la oposición (derecha y ultraderecha) que la habían calificado como “ley mordaza”; tampoco apoyaron los catalanes de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) ni los separatistas vascos de Bildu, que consideraron “insuficientes” los cambios pactados por el oficialismo y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
“Es una reforma light y edulcorada”, dijeron en la Comisión de Interior, además de explicar, los separatistas, que su rechazo fue porque no prohibía el uso de grandes balas de goma por parte de la policía, ni tampoco la devolución inmediata de los inmigrantes irregulares.
Esta ley prevé fuertes multas en caso de manifestaciones no autorizadas como así también para aquellas tentativas de impedir desalojos de viviendas, por lo que fue rechazada por organizaciones de los derechos humanos, ante lo cual la izquierda había prometido cambiarla.
“Hubiera sido deseable esta derogación, nosotros creíamos que apoyando esta iniciativa dábamos cumplimiento a nuestro compromiso y es una pena”, dijo la vocera del gobierno, Isabel Rodríguez.