A dos años del intento de magnicidio: funcionarios bonaerenses piden justicia

En el día de ayer, parte del peronismo recordó el aberrante hecho y en redes sociales volvieron a solicitar que se juzguen a “quienes financiaron e impulsaron el hecho”.

Hace dos años Argentina fue testigo de un intento de magnicidio cuando Fernando Sabag Montiel apuntó un arma contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este hecho, que conmocionó a la nación y puso en jaque la democracia, sigue resonando en el peronismo por la falta de una justicia completa. Aunque los autores materiales están siendo juzgados, quienes idearon y financiaron el atentado aún no han sido identificados ni llevados ante la Justicia, lo que deja una sensación de impunidad en amplios sectores de la sociedad.

Desde la Provincia de Buenos Aires, varios funcionarios liderados por Axel Kicillof reactivaron el reclamo para que se esclarezca el caso y se investigue a fondo. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura, expresó: “Hace dos años que solo juzgan a los autores materiales, pero no investigan a quienes idearon y financiaron el atentado. La democracia está herida si la justicia no es completa”. Andrés Larroque, otro referente del peronismo, añadió: “Nada sabemos de los autores intelectuales ni de quienes lo financiaron. La bala no salió, pero la democracia fue herida de gravedad”.

Kicillof subrayó la impunidad que rodea el caso, y destacó que “el Poder Judicial evitó todo intento de buscar a quienes financiaron e impulsaron el hecho”. A dos años del ataque, la demanda de justicia sigue siendo un reclamo central para amplios sectores de la sociedad argentina, que esperan que se haga justicia y se sancione a todos los responsables.

Cabe destacar que en mayo de 2023, Ivana Bohdziewicz, colaboradora de Gerardo Milman, reveló que fue obligada a borrar el contenido de su celular en las oficinas de Patricia Bullrich, lo que contradijo su declaración inicial. Esta situación sumó críticas hacia Bullrich, quien fue cuestionada por dudar de la veracidad del atentado, sugiriendo que podría haber sido un montaje, lo que generó fuertes reacciones del oficialismo.

La investigación también expuso la relación entre la familia Caputo, cercana a Mauricio Macri, y el financiamiento de Revolución Federal, grupo al que pertenecen Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, los únicos procesados hasta el momento. La falta de una resolución judicial plena sigue siendo un tema pendiente en la Argentina.

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