Los letrados de la Federación Argentina de Colegios de Abogados emitieron un duro comunicado contra la Ley Ómnibus.
En los últimos días abogados nucleados en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) emitieron un duro comunicado manifestando su desacuerdo con las reformas del Código Civil y Comercial que plantea el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” o Ley Ómnibus.
En el documento, que se publicó hace pocos días, se solicitó que “se excluya” el tratamiento de dichos códigos “o en todo caso se difiera su debate para las sesiones ordinarias”. Por otro lado, se agregó que “el Poder Ejecutivo pretende transferir al ámbito administrativo potestades jurisdiccionales propias del Poder judicial, cuyo ejercicio compete exclusivamente a los jueces, únicos habilitados a para hacer efectivo el derecho humano de acceder a la justicia en procura de la tutela judicial efectiva de los derechos”.
Para la federación, “se están violentando derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y tratados internacionales de igual jerarquía, en abierta confrontación con el sistema de división de poderes y con el derecho de las personas de acceder a la justicia en demanda de la tutela judicial y efectiva”.
Los letrados se oponen a “la introducción del llamado divorcio administrativo, a través de una simple comunicación manifestada por ambos cónyuges, sin asistencia letrada, ante un funcionario público”; ya que “atenta contra la seguridad jurídica y pone en riesgo los derechos de los cónyuges y de los hijos menores o mayores con capacidad restringida”.
En el comunicado alertan que los cambios “se fundan en falsas premisas como la necesidad de descomprimir la tarea de la Justicia, acelerar tiempos y abaratar costos. Todo lo contrario, tornará complejo lo que es simple, obligará al justiciable a deambular por escribanías y tribunales en caso de disidencias o planteos posteriores a su inicio y aumentará en gran medida los costos en tanto se deberán abonar gastos de escrituras públicas (acta de notoriedad de declaratoria de herederos), pago de nuevos aranceles sociales y honorarios del escribano que se sumarán sin razón alguna a los honorarios del abogado interviniente”.