Ricardo Echegaray suma denuncia penal por administración fraudulenta
17/08/2016 - 03:47hs
A fines de 2011, el gobierno de Cristina Kirchner, a través del entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray, puso en marcha el cepo cambiario, una medida por la que, hasta principios de este año, los argentinos tuvieron que sortear todo tipo de trabas y artilugios para comprar dólares a precio oficial. Ello devino en la posibilidad de adquirir esa divisa solo a un valor mucho más alto, en mercados paralelos.
Puertas adentro de la AFIP, la realidad fue otra durante la era K. Así lo descubrieron las actuales autoridades del organismo recaudador a través de una auditoría de la Aduana. Encontraron que entre 2012 y 2015, por medio de permisos oficiales otorgados por la AFIP con la anuencia de la Secretaría de Comercio que dirigía Guillermo Moreno, salieron del país 14.473 millones de dólares adquiridos a valor oficial en concepto de importaciones que nunca se realizaron.
“Hubo una fiesta”, dijo ayer durante la presentación de la denuncia el director de la AFIP, Alberto Abad, sobre el monto que representan las irregularidades encontradas, equivalente a cuatro años de recaudación fiscal por operaciones aduaneras.
Las DJAI, la clave
Durante el cerrojo a las importaciones, las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) eran un recurso que habilitaba la compra de moneda extranjera al cambio oficial y que luego se cerraba con una importación y la recepción de la mercadería.
Las DJAI eran emitidas por la AFIP, previa autorización de la Secretaría de Comercio Interior, y contaban luego con un certificado del Banco Central para la compra de dólares a valor oficial. Una vez que se realizaba el giro de las divisas, el circuito cerraba con un despacho y la importación efectiva de la mercadería. Pues bien, el análisis de 8 millones de DJAI, correspondientes a más de 450.000 operaciones, y 78.000 CUITs, determinó que casi 15.000 millones de dólares fueron adquiridos en el Banco central a precio oficial y girados al exterior, sin que se hayan efectuado las importaciones por las que supuestamente salieron.
Según el subdirector de control aduanero, Pablo Allievi, “la inconsistencia más grande es que no había un despacho de importación asociado a la DJAI aprobadas y al giro de divisas realizado”. Se encontraron alrededor de 3.038 CUITs con giros por 908 millones de dólares y ningún tipo de ingreso de mercadería.
Abad indicó que se trata de “solo el 6%” del total de las operaciones de importación en esos tres años, que alcanzaron a los 220.000 millones de dólares.
Los funcionarios agregaron que, a pesar de que el gobierno anterior había diseñado el sistema de DJAI para evitar las importaciones, de los 78.000 operadores de comercio exterior registrados, 29.000 se habían anotado entre 2013 y 2015.
Sobreprecios y empresas fantasma
Con el manejo de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación bajo control, las formas de utilizarlas para conseguir dólares a valor oficial fueron varias. Hubo operaciones en las que se importó y se contaba con un despacho asociado, “pero el giro de divisas fue por montos muy superiores a los aprobados”, según explicó Allievi. Es decir, se importó mercadería por cien pero se habían solicitado dólares para pagar por mil.
En otros casos, una vez obtenido el dinero del Banco Central operaron varias veces con una misma DJAI. El último caso investigado es la creación de “empresas de cartón”, es decir, sin ningún tipo de trayectoria en comercio exterior o con facturaciones irrisorias en comparación con los dólares girados.
Las compañías fantasma vinculadas a funcionarios de la AFIP fueron reiteradas veces denunciadas por el diario Hoy en diversas publicaciones que se realizaron en los últimos dos años de la gestión kirchnerista. Según el titular de la AFIP, no cabe duda de que “estas fueron maniobras para sacar dólares de una manera baratísima”.
La primera denuncia de un caso que recién comienza
La AFIP presentó ayer a la tarde en la Justicia Federal en lo Penal Económico la primera denuncia por estas irregularidades, contra 55 CUITs que pidieron al Banco Central 395 millones de dólares por importaciones nunca realizadas, entre 2012 y diciembre de 2015, cuando se anuló el régimen de DJAI.
En la Aduana hay 78.000 exportadores e importadores registrados, de los cuales, alrededor de 29.000 estuvieron activos en los últimos años de la administración kirchnerista, cuando el cepo al comercio exterior se extremó. Según el organismo, de esos 29.000 operadores de comercio exterior, casi 17.500 presentan inconsistencias.
El subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi, sostuvo que “el organismo que tenía mayor responsabilidad en la aprobación de las DJAI era la Secretaría de Comercio”, manejada durante el primer período por Guillermo Moreno y luego por Augusto Costa.
El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión reclamó que el organismo que preside “no hace denuncias en la justicia penal económica desde hace ocho o nueve años”.
Abad adelantó que hay bancos involucrados, además de las autoridades anteriores del Banco Central, la Secretaría de Comercio, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la propia AFIP, por lo que se investiga la posibilidad de contrabando penal tributario, penal aduanero y cambiario, y lavado de dinero.
Plan Blanqueo
A partir de las irregularidades detectadas, la AFIP comenzará a notificar a las algo más de 17.000 empresas sospechadas de maniobras ilegales para que justifiquen en el plazo de 10 días el envío de montos al exterior. Las que así no cumplan serán dadas de baja del padrón de operadores del comercio exterior.
El responsable de la AFIP aprovechó para sugerirles a todos los que fugaron dólares por esta vía a que aprovechen el nuevo blanqueo para declararlos y pagar los impuestos que correspondan.
Abad aclaró que el organismo busca que “los dólares que salieron al exterior girados ilegalmente, pueden ser exteriorizados” en el próximo blanqueo de capitales, aunque aclaró que lo podrán hacer “con abstracción de los temas penales y los costos tributarios asociados a las operaciones, o sea, no tienen eximición penal”.