Ajuste encubierto: Nación aumenta 2,6% prestaciones en Discapacidad

El Gobierno volvió a golpear al sector de la discapacidad con una decisión que profundiza el atraso en los aranceles. La Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió que las prestaciones básicas de atención integral se actualicen solo un 2,6%, en línea con la inflación de abril, muy lejos de lo que exige la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado y ratificada por la Justicia.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 517/2026 publicada en el Boletín Oficial. Allí se establece que el incremento rige para mayo y se aplica sin distinción de tipo de prestación. El cálculo se realizó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor de abril, que según el Indec fue del 2,6%.

Un nomenclador cada vez más atrasado

Las organizaciones advierten que el nomenclador de prestaciones está acumulando postergaciones y que el Ministerio de Salud incumple de manera sistemática con las actualizaciones. El reclamo central es que se aplique de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantiza la continuidad de los tratamientos y la actualización de los aranceles. En paralelo, el oficialismo insiste en avanzar con un proyecto que busca reemplazar esa normativa por otra que recorta coberturas y prestaciones, lo que genera un fuerte rechazo en el sector.

Resoluciones que no alcanzan

La disposición firmada por el titular de la Secretaría, Alejandro Alberto Vilches, también reconoce un adicional del 20% en zonas desfavorables de la Patagonia. Sin embargo, las instituciones consideran que se trata de un paliativo insuficiente frente al deterioro acumulado. En abril, la misma dependencia aplicó un aumento del 3,4% tomando la inflación de marzo, lo que confirma una política de ajustes mínimos que no compensó la pérdida del poder adquisitivo registrada en ese período.

Ante este escenario, profesionales, pacientes y familiares advierten que, de persistir el incumplimiento, se corre el riesgo de un cese generalizado de atenciones. La falta de respuestas concretas y la decisión de atar las actualizaciones a índices mensuales de inflación consolidan un esquema que posterga derechos y expone a miles de personas a la desprotección.