Las denuncias también apuntan hacia el espionaje durante el gobierno de Vidal.
Luego de la presentación de los organismos, el abogado Alejandro Rúa amplió la denuncia sobre el supuesto espionaje a abogados de personas privadas de la libertad, en una exposición que formuló ante la relatoría especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU.
Rúa realizó esta nueva denuncia luego de que el juzgado federal a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi certificara, en el marco de una investigación judicial, que más de 200 conversaciones entre personas privadas de la libertad y sus respectivos abogados habían sido interceptadas.
El letrado aportó un anexo documental que da cuenta del detalle de las intervenciones y señaló que corresponde a las realizadas “solo en los meses de enero y febrero de 2019, hasta que cesó la escucha ilegal, estando pendiente de relevar aún todo el resto de la interferencia de las comunicaciones”.
Los documentos muestran la captación de conversaciones de quienes serían, entre otros, los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime y los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián de Sousa y Cristóbal López con sus respectivos abogados.
“Se reitera que esa severa constatación se vincula solo con un tiempo bien acotado del total en que se concretó la interferencia ilegal de las comunicaciones confidenciales entre las personas detenidas y sus abogados”, escribió Rúa en la presentación al relator de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.